Organizaciones y colectivos de familias manifestaron su preocupación ante la nueva estrategia de búsqueda y localización. Señalan que la actualización privilegia la gestión administrativa sobre la realidad territorial.
El Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ y el MNDM encabezaron el reclamo. Acusan que las autoridades toman decisiones sin consultar de forma participativa a las familias afectadas.
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Los colectivos impulsaron previamente un diálogo con la Secretaría de Gobernación. El objetivo era establecer una agenda amplia para la identificación y restitución de sus seres queridos.
Las organizaciones exigen mayor transparencia y metodología en el Registro Nacional. Temen que criterios burocráticos minimicen la dimensión real del delito de desaparición en México.
"Una base de datos sustentada solo en la denuncia penal ignora la realidad", señalaron. La falta de confianza en las instituciones genera un subregistro que no debe ser ignorado.
El número de expedientes judiciales no equivale al número total de personas desaparecidas. Por ello, piden no utilizar estas cifras para reducir la magnitud de la crisis humanitaria.
Sobre los registros "sin información", los colectivos recordaron la obligación del Estado. Aseguraron que es responsabilidad de las autoridades completar cada reporte para facilitar la búsqueda.
Clasificar casos bajo esta categoría es considerado una omisión de responsabilidad. La falta de datos refleja la inacción institucional y no justifica detener las labores de rastreo.
Existen deudas pendientes en la implementación de la Ley General desde el año 2017. Estas carencias se acumulan con los retos derivados de la reciente reforma en la materia.
Finalmente, reiteraron la solicitud de un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Exigen acceso pleno a la metodología de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
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