La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el proceso judicial contra Jaime Bonilla. Dejó en manos de las autoridades determinar si existió alguna falta legal.
“Yo se lo dejo a las instituciones de justicia”, enfatizó la mandataria federal. El exgobernador de Baja California enfrenta acusaciones por el caso de la planta fotovoltaica.
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Bonilla Valdez es señalado por presunto peculado y abuso de autoridad. También se le investiga por el uso ilícito de atribuciones en contratos de energía solar.
El proyecto de Net Energy se ubicaría en el Valle de Mexicali. El contrato obligaba al Gobierno estatal a pagos mensuales de 123 millones de pesos.
Dicho acuerdo financiero tenía una vigencia proyectada de 30 años. Además, comprometía las participaciones federales del estado como garantía de pago hacia la empresa.
Pese a que la planta nunca se construyó, se realizaron transferencias millonarias. El objetivo del proyecto era dotar de electricidad al acueducto Río Colorado-Tijuana.
En el sitio de la obra solo se localizó una piedra conmemorativa. No obstante, en 2022, la institución bancaria cobró la primera mensualidad de la obra.
Las autoridades de Baja California mantienen la investigación abierta contra el exmandatario. Buscan recuperar los recursos públicos entregados sin que existiera un avance real.
La presidenta reiteró que las instituciones deben actuar con total autonomía. El veredicto final sobre la responsabilidad de Bonilla dependerá exclusivamente de los jueces competentes.
Este caso representa uno de los escándalos de corrupción más señalados en el estado fronterizo. La sociedad espera transparencia en la resolución de este conflicto energético.
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