El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, al calificarlo como “tendencioso”, incompleto y alejado de la realidad actual del país en materia de desapariciones forzadas.
La controversia surge luego de que el organismo internacional solicitara remitir el caso mexicano ante la Asamblea General, al advertir posibles indicios de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la Cancillería mexicana aseguró que dicho análisis omite información clave y no considera los avances institucionales impulsados desde 2019, particularmente las reformas implementadas a partir de 2025.
Suscríbete a nuestro canal
Entre los principales señalamientos, el Gobierno federal destacó que el informe se basa en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, lo que —según su postura— genera un diagnóstico parcial y descontextualizado. Además, enfatizó que el propio documento reconoce la ausencia de una política sistemática del Estado para cometer desapariciones, lo que contradice su narrativa principal.
Las autoridades también cuestionaron el rigor jurídico del CED, señalando inconsistencias en la interpretación del Estatuto de Roma y posibles conflictos de interés dentro del comité. Asimismo, lamentaron que no se haya considerado la información actualizada entregada el pasado 27 de marzo.
En contraste, el Gobierno mexicano resaltó acciones como la Alerta Nacional de Búsqueda, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, como parte de su estrategia para enfrentar esta problemática.
Aunque reiteró su disposición a la cooperación internacional, México dejó claro que no aceptará evaluaciones que —a su juicio— distorsionen los avances logrados. El compromiso, aseguró, sigue enfocado en garantizar verdad, justicia y atención a víctimas.