El resurgimiento del fracking en México ha encendido las alarmas entre campesinos y especialistas, particularmente en regiones agrícolas del este del país, donde denuncian daños severos a cultivos y recursos naturales. En estados como Veracruz, productores aseguran que la fractura hidráulica ha provocado la muerte de árboles de naranja y limón, además de convertir tierras fértiles en zonas improductivas.
El reciente anuncio del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la creación de un comité para analizar nuevas técnicas de extracción de gas natural marca un giro en la política energética nacional. La medida busca reducir la dependencia de importaciones desde Estados Unidos, que actualmente representan cerca del 70% del consumo.
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Sin embargo, la decisión ha generado controversia. Habitantes de municipios como Papantla y Coatzintla señalan que el uso intensivo de agua y químicos ha contaminado mantos acuíferos, provocando escasez hídrica y afectaciones a la biodiversidad. “La tierra ya no produce nada”, relatan productores afectados.
Especialistas advierten que, aunque existen tecnologías para mitigar impactos, estas implican altos costos. Además, subrayan que Pemex enfrenta limitaciones financieras y tecnológicas para implementar estas prácticas de forma sustentable.
Mientras países como Francia y Alemania han prohibido el fracking, y otros como Reino Unido mantienen restricciones, México podría avanzar en sentido contrario. La promesa de soberanía energética choca así con crecientes preocupaciones ambientales y sociales.