La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la Ley de Ciberasedio en Puebla, decisión que fue acatada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien rechazó que el fallo represente un golpe político para su administración.
En entrevista, el mandatario subrayó que su gobierno mantiene una postura institucional basada en el respeto al marco constitucional, dejando claro que la legalidad está por encima de cualquier interés particular. “Las leyes son instrumentos que pueden perfeccionarse, derogarse o modificarse conforme a derecho”, expresó.
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El fallo de la SCJN abre un nuevo escenario para el estado, especialmente en materia de regulación digital. Sin embargo, Armenta puntualizó que será el Congreso de Puebla el encargado de definir el rumbo legislativo, al contar con facultades para replantear o fortalecer normas en torno al ciberasedio.
En este contexto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar, adelantó que se trabaja en un nuevo orden jurídico que atienda los vacíos detectados tras la invalidación.
La polémica normativa, contenida en el artículo 480 del Código Penal estatal, buscaba sancionar conductas como el hostigamiento digital, la vigilancia reiterada y la intimidación en redes sociales, cuando estas afectaran la vida cotidiana o integridad emocional de las personas.
No obstante, organizaciones como Artículo 19 habían advertido posibles riesgos para la libertad de expresión, lo que derivó en recursos legales que finalmente llevaron a la resolución del máximo tribunal.
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