Cae líder, pero el negocio sigue
La captura de Roberto N, alias El Bukanas, señalado como el principal líder del robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos en el estado, representa un golpe importante contra la delincuencia organizada en la entidad. La actual administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta, ha destacado que en los últimos 10 años Puebla tuvo ocho gobernadores sin lograr avances significativos en la detención de este individuo, considerado un objetivo prioritario. Hace una década, el estado vivía episodios particularmente graves relacionados con la ordeña de ductos de la paraestatal, especialmente en municipios del centro-oriente, en la zona conocida como el Triángulo Rojo, donde este delito se concentraba de manera alarmante. Si bien hoy ya no se observan aquellas explosiones casi diarias en ductos, con enormes columnas de fuego y humo que surgían desde campos de cultivo o a las orillas de autopistas, lo cierto es que el problema del llamado huachicol no ha desaparecido. Por el contrario, se ha desplazado hacia otras regiones, como el corredor Tlahuapan–Texmelucan y la Sierra Norte, donde fue capturado El Bukanas. Aunque el robo directo de combustible en ductos parece haber disminuido, esta actividad ilícita ha evolucionado hacia modalidades más complejas, como el tráfico a gran escala mediante buques cargados de gasolina que ingresan al país sin pasar por controles aduaneros ni procesos de fiscalización. Se trata de operaciones opacas, cuyos beneficios económicos permanecen en la incertidumbre, pero que han derivado incluso en hechos violentos, incluyendo asesinatos de integrantes de la Marina. La detención de Roberto N es un paso importante, pero está lejos de ser una victoria definitiva. Mientras el huachicol siga mutando y operando con nuevas redes y esquemas, el problema persistirá. La verdadera prueba no es capturar a un líder, sino desmantelar toda la estructura que lo sostiene. ¿Será?
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Violencia que se propaga
La violencia se comporta como una epidemia: cuando surge en un territorio, resulta inevitable preguntarse por qué no habría de propagarse a otros espacios y a más personas si no se aplican medidas eficaces para contenerla. En los últimos días, la capital poblana ha sido escenario de ataques directos contra inmuebles públicos y privados. Estos hechos colocan bajo escrutinio las estrategias implementadas por los distintos niveles de gobierno para recuperar la paz, no sólo en la entidad, sino en el país. A diferencia de otros estados de la República donde la acción de grupos criminales ha alterado profundamente la vida cotidiana, al grado de provocar desplazamientos y afectar la economía local, en Puebla las autoridades de seguridad pública han mostrado mayor efectividad. Al menos, no se oculta la reconfiguración de células delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya presencia se hizo evidente el pasado 22 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. En el estado se observa una estrategia de persecución que ha derivado en detenciones relevantes, como la de El Bukanas. En contraste, en otras entidades el problema suele minimizarse, negarse o incluso presentarse como inexistente, lo que genera una creciente inconformidad social. Reconocer los avances del Gobierno actual es pertinente; sin embargo, la exigencia ciudadana va más allá. Las y los poblanos demandan vivir en tranquilidad, salir a las calles sin miedo y tener la certeza de que su patrimonio no será vulnerado, principalmente cuando no se tiene ningún vínculo con actividades delictivas. ¿Será?
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