La diputada local Fedrha Suriano Corrales hizo un llamado a profundizar el análisis de las iniciativas relacionadas con el ciberacoso y el ciberasedio, al advertir que podían existir vacíos legales y ambigüedades que deriven en señalamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En breve entrevista, la legisladora subrayó que el contexto actual, marcado por el uso intensivo de redes sociales, obliga al Poder Legislativo a actuar con mayor responsabilidad y rigor en la construcción de leyes que regulen estas conductas, a fin de evitar interpretaciones imprecisas o la posible vulneración de derechos.
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En ese sentido, reconoció que el tema representa una “llamada de atención” para el Congreso local, ya que, aclaró, no solo se trata de analizar una iniciativa legislativa en particular, sino de revisar de manera integral todas aquellas propuestas que aborden problemáticas vinculadas al entorno digital.
“Tenemos que analizar con mayor claridad y detenimiento todas las iniciativas de manera general, sobre todo en un tema de gran importancia en los tiempos actuales, como lo es el uso de las redes sociales y las distintas formas de acoso”, expresó.
Suriano Corrales señaló que uno de los principales riesgos en este tipo de propuestas es la falta de precisión en los conceptos, lo que puede generar “ambigüedad en su aplicación". Esta situación, explicó, podría derivar conflictos legales o incluso invalidez de las normas.
Asimismo, insistió en que el Congreso está “obligado más que antes” a realizar un trabajo legislativo más profundo, técnico y cuidadoso, que permita construir marcos normativos sólidos y acordes con la realidad social y digital que enfrenta la ciudadanía.
La diputada también advirtió que cualquier omisión o error en la redacción de estas leyes podría abrir la puerta a impugnaciones ante instancias judiciales, incluida la SCJN, lo que pondría en riesgo la efectividad de las medidas para combatir el ciberacoso.
En este contexto, reiteró la importancia de escuchar distintas voces, realizar análisis detallados y sustentar cada propuesta con argumentos jurídicos firmes, a fin de garantizar que las leyes no solo atiendan una problemática real, sino que también respeten los derechos y libertades de las personas.
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