La posible postergación de la elección judicial hasta 2028 abrió un nuevo frente político en México. Luego de que legisladores de Morena presentaran una iniciativa de Reforma Constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el tema ya está bajo análisis junto con la Secretaría de Gobernación y el INE.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el ajuste no sería automático, ya que necesariamente implicaría modificar la Constitución. El debate surge en medio de crecientes advertencias técnicas y presupuestales sobre realizar al mismo tiempo la elección judicial y los comicios ordinarios.
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Entre las principales alertas planteadas por especialistas del Instituto Nacional Electoral, destaca la necesidad de instalar dobles casillas, debido a que las reglas impiden la presencia de representantes partidistas en la votación de juzgadores. Esto implicaría más personal, mayores operativos y una logística inédita.
Además, el incremento de boletas electorales, filas más largas y nuevas bodegas para resguardar material elevarían significativamente los costos, en un contexto donde también se discuten recortes presupuestales al árbitro electoral.
Los promoventes de la iniciativa sostienen que separar ambos procesos permitiría una mejor deliberación pública sobre perfiles técnicos, reduciría la politización judicial y evitaría el llamado voto desinformado entre la ciudadanía.
Organizaciones civiles como el Centro Prodh consideraron que la propuesta reconoce fallas señaladas desde hace meses, especialmente los requisitos insuficientes para evaluar candidaturas y los riesgos de mezclar elecciones políticas con la renovación del Poder Judicial.
Si prospera la reforma, el siguiente gran proceso judicial se movería hasta 2028, una decisión que podría redefinir la relación entre justicia, política y democracia en México.