En los primeros dos meses de 2026 se han contabilizado 94 feminicidios en el estado, mientras que en 2025 se abrieron cuatro mil 452 carpetas de investigación por delitos contra la libertad sexual, como abuso y violación, informó la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña.
Este jueves, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos el dictamen de minuta de decreto para reformar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 73.
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El pasado 21 de abril, el Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar el tipo penal, ya que las sanciones y criterios de investigación varían entre las entidades federativas.
En este sentido, Susana Riestra planteó la urgente necesidad de unificar los criterios y procedimientos de las instancias de justicia, con el objetivo de garantizar una atención integral y una protección efectiva a las víctimas colaterales, quienes muchas veces quedan en condiciones de vulnerabilidad.
“Esto significa que las mujeres hoy viven con miedo de que su agresor regrese y lo intente nuevamente (…) No estamos ante incidentes aislados, sino frente a un fenómeno estructural y sistémico que, a través de las cifras, evidencia que las mujeres en México estamos expuestas todos los días y con mínimas condiciones de seguridad”, aseguró Riestra Piña ante el Pleno.
VIVIR CON TEMOR La panista manifestó que millones de mujeres viven con temor constante, incluso al interior de sus propios hogares, en sus centros de trabajo, en las calles y también en el entorno digital, donde persisten diversas formas de violencia.
Riestra Piña aseguró que esta problemática ha crecido de manera paulatina, no solamente a nivel nacional, sino también en distintos ámbitos sociales.
“El Estado ha fallado en su deber de proteger debidamente a las mujeres y en sancionar de manera eficiente a quienes atentan contra ellas”, señaló.
Asimismo, remarcó la importancia de que exista una legislación marco clara, así como protocolos de actuación definidos por parte de las autoridades encargadas de investigar delitos o hechos relacionados con los feminicidios, con el fin de evitar vacíos legales y garantizar resultados efectivos.
ACCESO A LA JUSTICIA Por su parte, durante su intervención, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Estela Pimentel, subrayó la relevancia de asegurar el aceso a la justicia para todas las mujeres, sin importar su ubicación geográfica ni sus condiciones particulares, para cerrar brechas de desigualdad.
Mientras que Delfina Pozos Vergara, del Revolucionario Institucional (PRI), señaló que uno de los principales problemas sigue siendo la impunidad, acompañada de “omisiones institucionales y falta de respuesta”, lo que, afirmó, debe atenderse mediante un marco legal más robusto y eficaz.
En el mismo sentido, Azucena Rosas Tapia de Nueva Alianza afirmó que el país atraviesa un momento en el que “la justicia para las mujeres debe ser prioridad”, por lo que expresó su respaldo a la reforma planteada.
Finalmente, el diputado local por Morena, Andrés Iván Villegas Mendoza, explicó que una vez que la reforma constitucional sea avalada por las entidades federativas y se expida la Ley General, será responsabilidad de cada estado, incluido Puebla, armonizar su legislación para garantizar su correcta implementación y aplicación.
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