La investigación abierta por autoridades de Estados Unidos sacudió el panorama político y de seguridad en México al incluir al excomandante de la XXV Zona Militar en Puebla, Gerardo Mérida Sánchez, entre los presuntos vinculados con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, el militar en retiro habría participado en una conspiración de narcotráfico, además de colaborar en delitos relacionados con tráfico de armas. La indagatoria señala que durante su paso por Sinaloa, habría recibido más de 100 mil dólares en sobornos a cambio de protección al grupo criminal.
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El señalamiento cobra relevancia en Puebla, donde Mérida Sánchez fungió como máxima autoridad militar entre 2021 y 2022, periodo en el que coordinó acciones de seguridad con el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta. A pesar de operativos y refuerzos militares, el estado mantuvo altos niveles de huachicol, evidenciando limitados resultados en el combate a la delincuencia.
El caso forma parte de una acusación más amplia que involucra a nueve funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado de presuntamente facilitar operaciones del cártel tras su llegada al poder.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados utilizaron sus cargos para permitir el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio norteamericano, a cambio de beneficios económicos.
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