GERARDO GUTIÉRREZ
La presión de Estados Unidos sobre el Gobierno de México en torno al combate al crimen organizado, ahora con particular énfasis en la corrupción política que lo arropa, no va a reducirse por efecto de la retórica de soberanía y legalismo que contrasta con el patente deterioro de la gobernabilidad y el Estado de derecho en el país. Al contrario, apunta a aumentar.
El jefe de la DEA acaba de afirmar que la acusación contra el gobernador y otros nueve funcionarios de Sinaloa es “sólo el comienzo de lo que viene para México” respecto a políticos involucrados con el narcotráfico. Antes, Donald Trump advirtió de operaciones militares terrestres: “si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros vamos a hacerlo”. Más claro ni el agua.
Además, no se trata sólo de una postura personal de Trump: se encuadra en políticas y directrices nacionales bastante explícitas, compiladas en las dos estrategias que la Casa Blanca acaba de presentar. En ambas, nuestro país es presentado como problema principal.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 da un giro drástico: pasa de la contención a la eliminación de las organizaciones criminales y califica la crisis del fentanilo como amenaza de seguridad nacional.
Condiciona la cooperación a resultados tangibles y medibles, y partiendo de la desconfianza, da pie a acciones unilaterales: tanto sanciones políticas y económicas como operaciones extraterritoriales, por ejemplo, para perseguir y enjuiciar a facilitadores de forma similar a como se hace contra grupos extremistas internacionales.
En la misma línea, la Nueva Estrategia contra el Terrorismo hace de la erradicación del narcoterrorismo –con los cárteles mexicanos como enemigos principales– la prioridad número uno, por encima de los grupos yihadistas y los de extrema izquierda.
El foco de la seguridad nacional será el continente americano y la frontera con México adquiere relevancia central. Se declara que Estados Unidos está listo para actuar directamente contra esos grupos, incluyendo acciones en el extranjero, con advertencias frontales contra “gobiernos cómplices”.
En cambio, de este lado no hay visos de un proceso serio para investigar a los acusados por Estados Unidos, señalados de encabezar un narcogobierno. En otras palabras, impunidad, sin tomar en serio el reto estadounidense y los daños que estas redes delincuenciales infligen aquí, con su estela de violencia y muerte.
Por lo pronto, desde Estados Unidos, el influyente columnista Andrés Oppenheimer comenta que cada vez escucha a más fuentes bien conectadas en Washington decir que si Trump sigue cayendo en las encuestas y se prolonga el conflicto con Irán, ordenaría una acción en México. A la par, de este lado crece la especulación sobre acusaciones contra otros gobernadores y funcionarios de alto nivel.
México debería adelantarse con su propia estrategia. No sólo para evitar la ruptura con nuestros vecinos, sino también y más aún porque, en efecto, el crimen organizado está poniendo en jaque la gobernabilidad del país, mientras expande sus actividades e impacto, más allá del narcotráfico, hacia la extorsión y el ejercicio de la autoridad de facto en muchas zonas.
Coincido con quienes consideran que la actual crisis bilateral está vinculada con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional del sexenio pasado, que restringió la cooperación. Hay que revisar el marco legal para fortalecer la coordinación.
La magnitud de este problema con raíces binacionales exige un cambio estructural profundo en ese sentido. Asimismo, tener claro que no se puede hacer mucho con fiscalías, policías y gobiernos que adolecen de carencias institucionales elementales.
En un reporte que documenta más de tres mil masacres en México desde 2020, Causa en Común expone que no existe ningún programa ni presupuesto relevante para depurar y fortalecer a las policías y a las fiscalías. En vez de atender esos eslabones rotos, se hizo una reforma para elegir por voto popular a jueces y ministros, poniendo en riesgo la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial.
Se precisa una acción de Estado a la altura: actuar con diligencia en el caso de los acusados por Estados Unidos y convertirlo en punto de partida para una limpia más amplia del sistema político, incluyendo en los niveles más altos de poder, en los tres órdenes de Gobierno, y avanzar con una purga de agentes ministeriales corruptos, así como en fiscalías, policías y presidencias municipales.
Hace falta estrategia, pero sólo funcionará con voluntad política. No sólo para activar la depuración institucional, sino también para construir una cooperación más eficaz con Estados Unidos e instancias multilaterales.