La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó una iniciativa presidencial para programar la segunda parte de la elección judicial el próximo 4 de junio de 2028.
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente, recibió la propuesta federal. El documento plantea unificar la votación de jueces con el proceso de revocación de mandato.
La Comisión Permanente convocará a los diputados y senadores a un periodo extraordinario de sesiones. Las cámaras legislativas debatirán el aval de la reforma enviada por Claudia Sheinbaum.
En la jornada electoral propuesta para 2028 se elegirán magistrados de la Sala Superior, jueces de distrito y más de dos mil cargos judiciales locales en veinticinco estados.
Rosa Icela Rodríguez resaltó que la iniciativa presidencial busca eficientar la voluntad del pueblo. La propuesta pretende solucionar los complejos desafíos logísticos del Instituto Nacional Electoral (INE).
La modificación obligará a los estados a establecer calendarios homogéneos. Además, busca simplificar las boletas electorales reduciendo el número de candidaturas propuestas por los Comités de Evaluación.
El nuevo esquema territorial contempla la obligación del INE para organizar Distritos Electorales Judiciales, permitiendo a la ciudadanía identificar con claridad a los candidatos de su circuito.
Asimismo, el proyecto contempla la creación de salas especializadas dentro de la Suprema Corte. El objetivo principal es agilizar los procesos legales y reducir el rezago histórico.
Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló que la reforma judicial dio pauta a la vida democrática mexicana desde el año 2025.
Alcalde externó que la impunidad y la falta de justicia derivan del distanciamiento institucional. Afirmó que democratizar al Poder Judicial es una decisión fundamental para consolidar el Estado de derecho.
La consejera presidencial recordó que la primera experiencia electoral confirmó la viabilidad del modelo democrático, aunque reconoció la necesidad de perfeccionar el diseño normativo actual de los comicios.
El Gobierno de México argumenta que una sociedad informada demanda erradicar la corrupción y el influyentismo, haciendo indispensable la evolución del sistema de impartición de justicia nacional.