La dirigencia estatal de Morena en Puebla endurecerá sus mecanismos internos de evaluación para impedir el registro de perfiles con posibles vínculos criminales, además de respaldar la creación de un organismo encargado de verificar la integridad de las candidaturas, rumbo a los comicios de 2027.
“La creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) representa un paso importante para cerrar cualquier espacio a perfiles que no cumplan con los principios de legalidad, honestidad y responsabilidad pública que deben de regir el servicio al pueblo”, afirmó la presidenta estatal, Olga Lucía Romero Garci-Crespo.
Por su parte, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, reconoció que los filtros implementados por los partidos políticos no han sido suficientes para impedir que algunos perfiles relacionados con prácticas ilícitas lleguen a cargos públicos.
“Y lo que vemos es que no ha sido suficiente, porque ha habido este tipo de personajes y ahora mismo lo que se está proponiendo es que ya no solamente seamos los partidos políticos, sino también la autoridad electoral, que es la encargada de organizar y de autorizar el registro de los aspirantes”, agregó.
Bermúdez Ruiz admitió que incidentes de autoridades con presuntos nexos delictivos se han presentado en distintas fuerzas políticas, incluido Morena.
“Tenemos un caso muy grave que fue el de Tequila, Jalisco”, expresó, al tiempo que recordó operativos recientes realizados en Morelos y Estado de México, donde perfiles del PRI y el PRD fueron vinculados a investigaciones penales.
Durante la conferencia, la dirigencia morenista reiteró además el veto absoluto al nepotismo y sostuvo que no se permitirán candidaturas sustentadas en vínculos familiares, en concordancia con la postura del gobernador Alejandro Armenta, quien previamente fijó restricciones para sus propios allegados.
Finalmente, Morena manifestó su respaldo a las inspecciones y sanciones aplicadas por el Ayuntamiento de Puebla contra la pinta de bardas con promoción político-electoral, al considerar adecuada la regulación del uso de espacios públicos.
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