El coordinador de gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, informó que la administración poblana ya analiza el impacto financiero que provocaría el aumento salarial del 9 por ciento para maestros, medida que recientemente aprobó el gobierno federal.
Durante una declaración pública, el funcionario precisó que el ajuste representaría un costo aproximado de 860 millones de pesos para las finanzas estatales. Ante este escenario, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración prepara mecanismos presupuestales que permitan absorber el incremento sin afectar la operación gubernamental.
García Parra explicó que el sistema educativo poblano mantiene dos esquemas laborales: docentes estatales y federales, situación que obligará a revisar la posibilidad de homologar las plazas con el nuevo incremento salarial.
“El gobierno revisará la capacidad financiera del estado para atender este ajuste. La cuarta transformación ha impulsado el salario mínimo y este tema responde a una visión de justicia laboral para el magisterio”, señaló.
Revisarán criterios para homologar plazas
El coordinador de gabinete detalló que la administración estatal analizará bajo qué condiciones aplicaría el aumento a todas las categorías docentes. Además, sostuvo que el gobierno priorizará la viabilidad financiera antes de definir cualquier esquema de homologación.
Las autoridades también valorarán los criterios administrativos y legales que acompañen la disposición federal, debido a que el sistema educativo estatal mantiene diferencias salariales y contractuales entre diversos sectores del magisterio.
Auditoría en la SEP detecta irregularidades
En otro tema, García Parra reveló avances en la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública (SEP), investigación que revisa movimientos administrativos y asignación de plazas durante los últimos diez años.
Hasta ahora, las autoridades han revisado alrededor de seis mil plazas, proceso que ya derivó en seis denuncias penales contra ex servidores públicos presuntamente involucrados en irregularidades.
El funcionario aclaró que las investigaciones continúan abiertas y todavía faltan varias semanas para concluir el análisis completo de los expedientes.
“No ha concluido el proceso. Primero debemos terminar las investigaciones, definir procedimientos y posteriormente determinar responsabilidades”, indicó.
Algunas irregularidades podrían quedar prescritas
García Parra reconoció que ciertos casos posiblemente ya no permitan acciones judiciales debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, aseguró que el gobierno estatal buscará exhibir prácticas irregulares detectadas en administraciones pasadas.
“Algunas conductas podrían encontrarse prescritas legalmente, pero la ciudadanía debe conocer las irregularidades que se cometieron en el manejo educativo”, afirmó.
📌Esto también te va a interesar, dale click 📌