La construcción de un sistema judicial que coloque en el centro la búsqueda de la verdad y la justicia requiere el compromiso conjunto de instituciones y sociedad. Bajo esa premisa, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, llamó a fortalecer la labor de la defensoría pública y a consolidar un modelo de justicia más cercano a la ciudadanía.
Durante la Mesa de análisis y discusión “Poder Judicial y Defensoría Pública: Coordinación para una justicia más cercana y efectiva”, realizada en el marco del 28 aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), el ministro sostuvo que el objetivo más elevado del sistema judicial debe orientarse hacia la búsqueda permanente de la verdad y la impartición de justicia.
“Nuestro sistema de justicia, en su concepción más pura y de máxima exigencia, tendría que perseguir la verdad y alcanzar la justicia”, expresó ante representantes del Poder Judicial y especialistas en materia jurídica.
Defensoría pública, pieza clave para una justicia cercana
Acompañado por Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ); las ministras Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías Guerra; el magistrado Rufino H. León Tovar, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); así como por Benjamín Rubio Chávez, titular del IFDP, Aguilar Ortiz destacó la relevancia de pensar en el país que se aspira construir.
El ministro afirmó que México debe aspirar a convertirse en un referente internacional en materia de justicia. Además, subrayó que la eficiencia institucional por sí sola no garantiza ese objetivo, por lo que consideró indispensable la participación de todos los sectores sociales.
Desde la sede del IFDP, reconoció el trabajo de las y los defensores públicos, a quienes calificó como un ejemplo de compromiso con la sociedad. También expresó su deseo de que cada persona cuente con alguien dispuesto a defender la justicia, los derechos y el bienestar colectivo.
Prioridad: proteger a quienes no tienen defensa
Por su parte, Néstor Vargas Solano señaló que tanto la SCJN como el OAJ mantienen como prioridad la protección de los derechos de las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad o carecen de recursos para contratar representación legal.
El funcionario enfatizó que las instituciones judiciales deben brindar atención directa a la ciudadanía y garantizar una justicia pronta y expedita, especialmente para quienes sufren violaciones a sus derechos humanos.
En la misma línea, el magistrado Rufino H. León Tovar destacó que la coordinación entre las instituciones públicas y el Poder Judicial responde al mandato establecido en el artículo 17 constitucional, el cual obliga al Estado a proporcionar asesoría jurídica gratuita a quienes no pueden acceder a ella.
Finalmente, Benjamín Rubio Chávez aseguró que el Instituto Federal de Defensoría Pública representa un espacio donde miles de personas encuentran respaldo para defender sus derechos frente a abusos o vulneraciones recurrentes, consolidándose como una herramienta fundamental para ampliar el acceso a la justicia en México.