La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe a una presunta estructura criminal dedicada al lavado de dinero, la evasión fiscal y la emisión de facturas falsas, al desmantelar la organización conocida como “El Caballito”, la cual operaba mediante una red integrada por 15 empresas, asociaciones civiles y 30 inmuebles distribuidos en 11 estados del país.
La investigación reveló que el grupo ofrecía mecanismos para reducir ilegalmente las cargas tributarias de diversas compañías mediante la comercialización de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. De acuerdo con las autoridades, personas físicas diseñaban y promovían estos esquemas desde despachos especializados, mientras una red de empresas fachada emitía documentación apócrifa para justificar movimientos financieros sin sustento real.
Operativo simultáneo en varias entidades
Como parte de la estrategia para desarticular la organización, instituciones federales desplegaron 440 elementos en una operación coordinada que incluyó cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, entre otras entidades.
Durante las diligencias, agentes federales cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes presuntamente forman parte de la estructura delictiva. Las investigaciones identifican a Maikol “N” y Salvador “N” como posibles líderes de la organización.
Millonarios aseguramientos
Las acciones judiciales permitieron asegurar 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera.
Entre los recursos decomisados destacan aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
Según la FGR, las empresas involucradas recibían recursos económicos que posteriormente distribuían mediante conceptos simulados, lo que facilitaba ocultar el origen del dinero y disminuir artificialmente el pago de impuestos. Este mecanismo generaba una afectación directa a la Hacienda Pública y fortalecía un sistema continuo de operaciones irregulares.
Coordinación institucional
La indagatoria contó con la participación de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Labores de inteligencia y seguimiento permitieron ubicar domicilios fiscales relacionados con las empresas presuntamente utilizadas como fachadas, principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Los hallazgos evidenciaron una operación de alcance interestatal con una estructura financiera compleja.
La captura de los presuntos integrantes ocurrió tras una planeación logística diseñada para ejecutar intervenciones simultáneas, coordinadas y ajustadas a los procedimientos legales vigentes.