La explosión de seis pipas de gas LP registrada en Tepeaca provocó una reestructuración inmediata dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla. La dependencia removió al comandante y al personal operativo adscrito al Centro de Coordinación Regional de la Policía Estatal en ese municipio, luego de detectar omisiones en la supervisión de centros de distribución de combustible que operaban en la zona.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, reconoció públicamente las fallas de la corporación y asumió la responsabilidad institucional por la falta de vigilancia que permitió la operación de espacios destinados al almacenamiento irregular de gas LP.
“Yo soy el primero en aceptar que mi personal no estaba haciendo bien su trabajo”, afirmó el funcionario al confirmar la separación preventiva de los elementos mientras avanzan las investigaciones federales.
Explosión exhibió fallas de supervisión
La detonación ocurrida la semana pasada encendió las alertas sobre la presencia de patios clandestinos utilizados para almacenar combustible en la región. Según el secretario, el incidente dejó al descubierto la ausencia de controles efectivos y evidenció los riesgos que representan estas instalaciones para la población.
Durante las inspecciones posteriores al siniestro, autoridades estatales localizaron estructuras improvisadas para el manejo de gas LP, entre ellas tanques conocidos como “salchichas”, colocados sobre camionetas de redilas y utilizados sin las medidas mínimas de seguridad.
El funcionario consideró que la magnitud de estas operaciones hacía difícil ignorar su existencia. Incluso cuestionó el desempeño de los elementos encargados de la vigilancia en la zona, al señalar que la actividad resultaba visible para habitantes y autoridades locales.
Denuncias apuntan a posible protección de actividades ilícitas
Tras el estallido, habitantes de la región manifestaron sospechas sobre una posible relación entre grupos dedicados al robo de hidrocarburos y algunas autoridades encargadas de la seguridad.
Las versiones ciudadanas cobraron relevancia debido a la operación prolongada de estos centros de almacenamiento, cuya presencia ya era conocida por diversos sectores de la comunidad.
Aunque el secretario evitó emitir conclusiones anticipadas, reconoció que las investigaciones deberán esclarecer si existieron actos de omisión o algún mecanismo de protección que facilitara el funcionamiento de estos espacios ilegales.
FGR toma control de la investigación
Debido a que el almacenamiento y comercialización ilícita de combustibles constituye un delito federal, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió formalmente la conducción del caso.
La delegada federal en Puebla, Jannette Sánchez Arce, encabeza las indagatorias orientadas a determinar responsabilidades y establecer si alguna autoridad municipal o estatal favoreció la operación de estos centros de distribución clandestinos.
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