Acatlán exige respuestas
Poco después del mediodía de este martes, los ciudadanos inconformes con la administración de Guadalupe Bárcenas, en Acatlán de Osorio, continuaban a la espera de funcionarios de la Secretaría de Gobernación para iniciar una mesa de diálogo sobre su principal exigencia: la revocación de mandato de la alcaldesa. Los manifestantes exigían que los representantes estatales acudieran a la explanada para escuchar sus demandas. Sin embargo, según denunciaron, los enviados del Gobierno estatal se negaban a presentarse en ese espacio y proponían sostener el encuentro en las instalaciones de la Guardia Nacional del municipio mixteco. Entre sus exigencias destaca la salida de Juan Alberto Domínguez López, teniente de Fragata que ocupa la Secretaría de Seguridad Pública. Aunque reconocen que la presencia de la Marina contribuye a mejorar la vigilancia, acusan al mando policial de actuar con prepotencia, intervenir en asuntos ajenos a sus funciones y confrontar de manera directa a quienes participan en las protestas. Como ejemplo, refieren el caso de una maestra que, según su versión, fue retenida durante la jornada de manifestaciones del lunes, permaneció en los separos y posteriormente fue trasladada al hospital del ISSSTE, sin que existiera una denuncia formal en su contra. Mientras las autoridades buscan encauzar el conflicto mediante el diálogo, en Acatlán crece la percepción de que la crisis ya dejó de ser un diferendo político entre funcionarios y se ha convertido en una prueba de gobernabilidad. Y cuando una administración pierde la confianza de sus propios ciudadanos, ninguna mesa de negociación puede ignorar el tamaño del problema. ¿Será?
¿Políticos o criminales?
En los últimos días, Guadalupe Bárcenas ha sostenido reuniones en las comunidades de Acatlán, donde ha advertido a los pobladores que un grupo de regidores —a quienes califica como “amañados” y con intereses ocultos— pretende impulsar un proceso de revocación de mandato en su contra. Sin embargo, la propia alcaldesa sostiene que en el municipio no existe ingobernabilidad ni tampoco un hartazgo social que justifique una medida de esa naturaleza. La edil morenista asegura que la verdadera intención de los integrantes del Cabildo es destituirla porque buscan sacar del municipio a la Marina y al actual responsable de la seguridad pública. Según su versión, la estrategia de combate a la delincuencia afecta intereses económicos e impide que quienes antes delinquían con libertad continúen haciéndolo. Incluso fue más allá. Bárcenas afirmó que integrantes del crimen organizado le habrían “llegado al precio” a los regidores y el síndico municipal para promover su salida del cargo. Por ello, sostiene que cualquier intento de revocación carece de fundamento legal y político. La acusación más delicada fue vincular a los actuales manifestantes con Los Rojos, una organización criminal con presencia en Puebla, Guerrero y Morelos, relacionada con actividades como narcotráfico, secuestro y extorsión. Tan sólo ese señalamiento debería ser suficiente para detonar una investigación inmediata por parte de las autoridades estatales. Si la alcaldesa está denunciando la presunta infiltración de un grupo criminal en la vida política y social del municipio mixteco, no basta con exigir pruebas y esperar a que aparezcan más indicios. Porque si Acatlán está siendo presionado o influenciado por organizaciones delictivas, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se ha intervenido ya? ¿Qué más se necesita para actuar? ¿Se espera acaso que ocurra una tragedia para reconocer la gravedad del problema? ¿Será?
📌Esto también te va a interesar, dale click 📌