La solicitud de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, ya se encuentra en el Congreso de Puebla, donde iniciará su trámite legislativo el próximo 25 de junio. Paralelamente, diputados locales impulsarán una auditoría extraordinaria para revisar el ejercicio de los recursos públicos del ayuntamiento.
El presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, informó que un grupo de regidores entregó formalmente la petición ante el Poder Legislativo. Durante la sesión programada para el 25 de junio, el Pleno dará cuenta del documento y posteriormente lo enviará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.
Revisarán argumentos de la solicitud
De acuerdo con el legislador, la comisión evaluará los elementos jurídicos y políticos que respaldan la petición presentada contra la edil. Subrayó que el procedimiento seguirá la ruta legal establecida por el Congreso del Estado y que los diputados revisarán cuidadosamente los argumentos antes de emitir cualquier determinación.
Mientras avanza ese proceso, el Legislativo solicitará una auditoría extraordinaria al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. El objetivo consiste en detectar posibles anomalías en el gasto público y verificar el manejo de los recursos municipales.
Gaspar Ramírez adelantó que, en caso de identificar irregularidades, las autoridades competentes podrán llamar a comparecer a los funcionarios involucrados, incluida la presidenta municipal.
Esperarán resultados de investigaciones oficiales
Por su parte, el director Jurídico del Congreso, Jesús Juárez Lezama, evitó establecer un plazo para resolver la solicitud de revocación de mandato. Explicó que los legisladores también tomarán en cuenta las investigaciones que desarrollen otras instancias estatales.
Entre las dependencias que podrían aportar información destacan la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH).
El funcionario precisó que el Congreso esperará conocer si existen procedimientos administrativos, investigaciones o procesos penales relacionados con el caso antes de avanzar hacia una resolución definitiva.
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