Habitantes del municipio de Nealtican y de San Buenaventura Acuexcomac, junta auxiliar de San Pedro Cholula, exigieron a las autoridades respetar los convenios firmados en 1994 con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), mediante los cuales se autorizó la explotación de los pozos de ambas localidades por un periodo de 30 años.
Aseguraron que el Poder Judicial de la Federación ordenó al Gobierno del Estado, a Soapap y a la Comisión Nacional del Agua abstenerse de otorgar una prórroga a la concesión, la cual establece el compromiso de suspender la extracción en caso de registrarse afectaciones ambientales en la región.
Explicaron que la concesión PUE100304, que comprende cuatro pozos de Nealtican y cinco de Acuexcomac, concluye en diciembre de 2026 y, hasta el momento, Soapap no ha solicitado su renovación. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, la falta de dicha solicitud, con al menos seis meses de anticipación, equivale a una renuncia de la concesión, indicaron.
Durante una rueda de prensa, los pobladores destacaron que los pozos ubicados en San Miguel Xoxtla, Nealtican y Acuexcomac aportan alrededor del 40 por ciento del agua potable que consume la ciudad de Puebla y su zona metropolitana. Sin embargo, sus comunidades enfrentan el impacto hídrico, social y económico derivado de abastecer a más de dos millones de habitantes.
Asimismo, denunciaron presuntos incumplimientos de los convenios por parte de autoridades municipales, estatales y de la empresa Agua de Puebla para Todos.
"Siguen extrayendo el agua y siguen afectando a nuestras comunidades. Agua de Puebla es el único beneficiado con esta explotación. Ya basta de que sigan llevándose un recurso que mantienen secuestrado desde hace 30 años", expresó un activista de San Miguel Xoxtla.
Los representantes comunitarios también lamentaron que, además del deterioro de sus recursos naturales, quienes se oponen a la extracción del agua enfrenten procesos judiciales y actos de represión.
"Que hagan sus presas; la ambición es del Gobierno, no de nosotros. Nosotros sólo queremos trabajar el campo, porque sin la siembra no comemos. Las ciudades y los pueblos vivimos de la agricultura. Además de explotarnos, nos encarcelan, nos persiguen y hay represión. Eso no es justo", manifestó otra de las activistas.
Finalmente, advirtieron que la sobreexplotación ya provocó afectaciones en los ahuehuetes y en los mantos acuíferos de la zona.