Cifra que no cuadra
En redes sociales comenzó a circular un fragmento del informe sobre el sistema de transporte por cable que el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, entregó al Congreso del Estado. El documento llamó la atención no por las características técnicas del proyecto, sino por un dato imposible de pasar por alto: atribuía al municipio de Puebla una población de seis millones 616 mil 15 habitantes. La cifra es evidentemente errónea. De acuerdo con el Censo 2020 del Inegi, todo el estado suma seis millones 583 mil 278 habitantes, es decir, el informe asignaba a la capital una población incluso superior a la de toda la entidad. Ante la difusión del documento, García Parra presentó una fe de erratas antes de la comparecencia que sostendrá este 15 de julio. El funcionario explicó que se trató de un "error de edición", pues en el informe se incorporó, por equivocación, una tabla poblacional correspondiente a 11 municipios considerados dentro del Plan de Movilidad, y no la información específica del proyecto. La aclaración corrige el desliz editorial, pero deja abierta una pregunta inevitable sobre los mecanismos de revisión de un documento que respalda uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del actual Gobierno. Porque corregir una tabla es fácil, pero lo que está en juego es la confianza en la información oficial. La exigencia de rigor deja de ser un detalle y se convierte en una condición indispensable para la credibilidad. ¿Será?
Sondeo de opinión
En este sentido, la organización Agenda Ciudadana dio a conocer los resultados de un sondeo de opinión sobre el Cablebús realizado entre el 12 de abril y el 10 de mayo en la capital poblana, donde recabó 818 entrevistas con ciudadanos. Los datos reflejan que: el 89 por ciento se manifestó en contra de su construcción, frente a un 11 por ciento que expresó su respaldo. Además, el 95 por ciento de los participantes consideró insuficiente la información difundida; el 83 por ciento opinó que el sistema no responde a las necesidades de movilidad de la ciudad, mientras que el 91 por ciento manifestó preocupación por las posibles afectaciones urbanas y ambientales. Este sondeo pone sobre la mesa un problema que nadie debería minimizar: la falta de confianza ciudadana. Cuando un plan de gran impacto genera más dudas que certezas, el desafío deja de ser técnico o financiero para convertirse en un asunto de legitimidad. Sin información clara, estudios públicos y mecanismos efectivos de participación, cualquier obra corre el riesgo de avanzar con el respaldo del poder, pero sin el consenso social. ¿Será?
Piden prudencia
Una vez que el Congreso del Estado pospuso hasta septiembre la discusión de la denominada Ley de Infancias Trans, el rector de la UPAEP, José Emilio Baños, sostuvo que el análisis debe realizarse con argumentos de rigor y no desde posiciones polarizadas. Afirmó que la protección de las infancias debería responder tanto al sentido común como al conocimiento científico, al considerar que durante la niñez no existe la madurez para dimensionar las implicaciones de decisiones de gran trascendencia. Aunque el aplazamiento concede más tiempo para el desarrollo del debate, se debe aprovechar para escuchar a especialistas, familias y a todas las voces involucradas, para que los diputados tengan mejores elementos para construir una legislación responsable. De lo contrario, septiembre podría convertirse en el escenario donde se reanude una discusión marcada más por las convicciones que por la evidencia. ¿Será?
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