Diputadas y diputados del Congreso de Puebla mantuvieron sus críticas contra Agua de Puebla pese a la reciente comparecencia de la concesionaria y del SOAPAP, al considerar que el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento sigue sin responder a las necesidades de miles de familias poblanas.
Durante una rueda de prensa, el coordinador de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que el problema del abastecimiento no depende únicamente de la disponibilidad del recurso, sino del modelo de concesión implementado hace más de una década.
“Agua de Puebla sirve para nada y cobra muy caro”, afirmó el legislador, quien describió la situación como un problema cotidiano que afecta a colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares de la capital poblana.
Comparecencia dejó insatisfacción
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Guadalupe Vargas Vargas, reconoció que la comparecencia de Agua de Puebla y SOAPAP no dejó satisfechos a los integrantes del Poder Legislativo, debido a que los resultados de la concesión continúan siendo insuficientes.
La diputada recordó que esta Legislatura impulsó la transparencia del título de concesión otorgado en 2014 y cuestionó que, después de más de diez años, la empresa siga atribuyendo los incumplimientos a factores externos.
Vargas precisó que, de 31 indicadores de desempeño evaluados en cuatro rubros, solo nueve han sido cumplidos, mientras persisten deficiencias en agua potable, drenaje y saneamiento. Además, rechazó que la concesionaria traslade al municipio la responsabilidad exclusiva de la infraestructura pluvial.
MC impulsará revisión técnica y jurídica
Por su parte, la diputada y coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, anunció que solicitará una auditoría forense a la concesión de Agua de Puebla para revisar el convenio original y sus modificaciones.
La legisladora sostuvo que el contrato contempla la prestación de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, servicios que —afirmó— no se cumplen de manera adecuada. También señaló que la concesión presentó irregularidades desde su origen, debido a modificaciones posteriores relacionadas con inversiones comprometidas por más de 3 mil millones de pesos.
Suriano informó que buscará la participación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía General del Estado (FGE), el SOAPAP y autoridades administrativas para determinar si existen elementos técnicos y jurídicos que permitan solicitar la nulidad del contrato de concesión.
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