La amenaza grabada
La difusión de una transmisión en vivo que Josué Martínez Contreras realizó ocho meses antes de ser asesinado el jueves pasado, podría convertirse en una pieza clave dentro de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. En esa grabación habrían quedado documentadas las presuntas amenazas lanzadas por Javier N, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, contra el periodista acribillado por dos hombres a bordo de una motocicleta. A ello se suma un episodio que no pasó inadvertido: el intento del edil auxiliar de presuntamente sobornar a los agentes ministeriales que realizaban las diligencias, un hecho que, lejos de favorecer su situación jurídica, alimentaría las sospechas en torno a su posible responsabilidad y reforzaría las líneas de investigación abiertas por la autoridad. Según el contenido del video, Javier N habría encarado al director de Noticias San Martín Texmelucan para exigirle el pago de seis mil pesos por un supuesto adeudo del servicio de agua potable. No obstante, el periodista sostuvo que sus publicaciones evitaron que el agua de Atoyatenco fuera destinada al abastecimiento del fraccionamiento Fonhapo, situación que, según su versión, generó el conflicto con el edil auxiliar. Porque cuando las amenazas quedan registradas y, tiempo después, la víctima es asesinada, las coincidencias dejan de ser un argumento suficiente. Corresponde ahora a la Fiscalía demostrar si ese video era únicamente el testimonio de un conflicto político o la advertencia pública de un crimen anunciado. ¿Será?
Una tierra sin control
Y es que San Lucas Atoyatenco arrastra una profunda crisis de inseguridad. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, entre 2025 y julio de 2026 se han registrado al menos 12 homicidios en esta demarcación. Su ubicación, a unos metros de la autopista México-Puebla, la ha convertido además en un punto recurrente para el robo de camiones de carga y automóviles que con frecuencia derivan en persecuciones y enfrentamientos armados. La cercanía con el estado de Tlaxcala y la escasa vigilancia en caminos y accesos rurales han facilitado que los grupos criminales operen con rapidez, crucen los límites dificulten su persecución. En ese contexto, resulta inevitable preguntarse si las amenazas contra un periodista pudieron gestarse en un entorno donde la violencia se ha normalizado y la impunidad ha encontrado terreno fértil. Por ello, cada nuevo hecho de violencia confirma que el Estado llega tarde a una zona que desde hace tiempo encendió todas las alertas por su alta incidencia delictiva. ¿Será?
Exmandos, en espera
A una semana de la detención de seis exsecretarios y exdirectores de Seguridad Pública municipal durante un operativo en la Mixteca y la Sierra Norte, su situación jurídica continúa sin definirse. Hasta este domingo, la Fiscalía no ha informado si un juez determinó vincularlos a proceso ni cuáles son las medidas cautelares impuestas a los exmandos de Chietla, Tehuitzingo, Chila de la Sal, Jopala, Tlapacoya y Tlaola. La investigación ministerial los señala por los presuntos delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, además de indagar una posible relación con grupos delictivos con presencia en dichas regiones del estado. Si las acusaciones son sólidas, deberán traducirse en procesos transparentes y sentencias sustentadas; de lo contrario, el operativo corre el riesgo de quedar como un golpe espectacular sin consecuencias de fondo. ¿Será?
📌Esto también te va a interesar, dale click 📌