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Acoso sexual, despidos injustificados, amenazas y violencia sindical, prevalecen al interior de los Colegios de Bachilleres de Puebla (Cobaep), concretamente en los planteles 12 y 21 ubicados en Izúcar de Matamoros y Loma Bella de la capital, respectivamente,ante la complacencia de la dirección general de este subsistema, que encabeza José Antonio Gómez Mandujano.
Un papel clave en esta serie de abusos que se teje al interior de los colegios de bachilleres es el que juega el líder del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sitracob), Ricardo Ordaz Pérez.
Los directores de los planteles 12 y 21, Ignacio Sosa Espina y Leopoldo Alberto Reyes Jiménez, respectivamente, forman parte de la red de corrupción que se teje al interior de los colegios de bachilleres; incluso, este último cuenta con una demanda penal por acoso sexual contra una de las maestras del plantel.
Luego de que se diera a conocer el video donde dos alumnas resultaron con quemaduras de tercer grado, derivadas de un accidente inducido por la irresponsabilidad del maestro Anselmo Tomás González Maceda, en la actualidad separado del plantel de Izúcar, docentes y personal administrativo de la organización han revelado una serie de sucesos que evidencian no sólo la corrupción que priva al seno del Colegio de Bachilleres sino, además, el vergonzoso amparo que brindan las autoridades a maestros como los antes citados, quienes se manejan en total impunidad y en donde el acoso laboral y sexual, así como las medidas de presión, son una práctica recurrente.
El acoso
Efekto Noticias tuvo acceso a la denuncia penal presentada en contra de Leopoldo Alberto Reyes Jiménez, director del plantel 21 de Loma Bella, la cual está asentada en la averiguación 1868/2015/AESEX, así como ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla con el número de expediente 4513-2015, donde se hace un relato íntegro de la víctima y también se responsabiliza a Marco Antonio Lozano Cervantes, director jurídico del Cobaep, y amigo de Reyes Jiménez, de amenazas reiteradas e iniciar un par de actas administrativas sin justificación.
Del mismo modo, existen testimonios visuales de los afectados, quienes denuncian el hostigamiento de las autoridades del organismo, y piden la inmediata intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal para que abra una extensa investigación y deslinde responsabilidades.
La lista de los funcionarios señalados y que se encuentran involucrados en el expediente es amplia e incluye a Leopoldo Alberto Reyes Jiménez, director del plantel 21 de Loma Bella; Fabián Castillo Larga, subdirector del plantel 21 turno vespertino; Déborah Minerva Tenorio Flores, jefa de Asuntos Administrativos, plantel 21.
Además, Emilio Sánchez Corona, jefe de Paraescolares P-21; Adriana Palafox Hernández, técnico P-21; Ricardo Ordaz Pérez, secretario del Sitracob; así como Marco Lozano Cervantes, director jurídico.
Despidos injustificados
Los problemas en el Colegio de Bachilleres no sólo se limitan al acoso sexual y malos manejos administrativos, como es el otorgamiento a discreción de las cooperativas en los planteles escolares, sino además, los presuntos despidos injustificados de maestros, como es al caso de la profesora Nancy Ballinas Hernández, quien fue separada del plantel 28 de Atlixco, el 31 de agosto de 2015.
A través de un juicio laboral presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la quejosa señala como responsables directos a José Antonio Gómez Mandujano y Ricardo Ordaz Pérez, director general y líder sindical del Colegio de Bachilleres, respectivamente.
Nancy Ballinas exige el pago inmediato por concepto de Indemnización Constitucional y en general todas las prestaciones que le corresponden por despido injustificado.
Amenazas contra las menores que sufrieron quemaduras
Un tema aparte merece la situación que priva en el plantel 12 en Izúcar de Matamoros cuyo director, Ignacio Sosa Espina, no sólo en un principio intentó ocultar el trágico suceso en donde las alumnas Verónica G. y Athziri M. sufrieron serias quemaduras de tercer grado en el 30% de su cuerpo sino, ahora, ha enviado la amenaza contra los padres de familia, maestros y alumnos que sigan haciendo referencia de este suceso, de “sufrir las consecuencias”.
Juan Manuel Reyes Torres, abogado de los padres de una de las alumnas lesionadas con fuego, sostuvo que la defensa buscará que la denuncia asentada en las averiguaciones CDI/187/2016 y C DI 1009/2016, ambas radicadas en Izúcar de Matamoros, concluya en una responsabilidad por lesiones dolosas y el pago de la reparación del daño.
El litigante confió que las quemaduras de tercer grado son lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días.
Luego de asentar Reyes Torres que los familiares de ambas estudiantes ya han gastado más de 100 mil pesos por cada una en la atención médica y que buscarán a través de la Fundación Micho y Mau que sean trasladadas a Galveston, Texas para recibir atención especializada, denunció amenazas por parte del plantel que están amparadas en la complicidad de la dirección general y el sindicato del Colegio de Bachilleres.
Reprochó la falta de apoyo por parte de la institución y, por el contrario, sostuvo que han sido amenazados y engañados, incluyendo, el amago que han hecho de que ni siquiera podrán resolver la situación jurídica del maestro responsable del suceso, Anselmo Tomás González Maceda, ni con el director, Ignacio Sosa Espina, aunque las amenazas vienen directamente desde el jurídico del Cobaep, Marco Antonio Lozano Cervantes y el propio líder sindical, Ricardo Ordaz Pérez.
Los abusos de Ricardo Ordaz Pérez
Por su parte, Jorge Rosas, a quien le fue rescindido el contrato logrado a través de un laudo laboral, evidenció que el líder sindical, Ricardo Ordaz Pérez, ya no tiene personalidad jurídica en el Sitracob, quien únicamente se dedica a hostigar, a mentir y amenazar a los trabajadores, a los cuales también, intenta manipular.
“Desconocen todo lo que es la legalidad y están desbaratando perfectamente el Contrato Colectivo de Trabajo, el cual también se constituye como un delito y Ricardo Ordaz, quien presume ser el secretario general del sindicato, está usurpando una función”.
Sostuvo que es urgente que se saque una convocatoria para que los más de mil 800 maestros del Cobaep elijan a sus representantes sindicales, dado que Ordaz Pérez busca prevalecer en el poder bajo el ejercicio de la amenaza.
Incluso, asentó que el líder sindical, el cual por cierto de manera oficial concluyó su gestión desde abril del 2015, no sólo ha sido omiso en toda la serie de arbitrariedades que han sido relatadas en esta entrega, sino que además se ha constituido en cómplice, hecho por el cual pide sea juzgado y castigado.