La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La resolución llegó al concluir dos días consecutivos de audiencia, después de que las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional para responder a las imputaciones presentadas por el Ministerio Público Federal. Tras revisar los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el juez consideró que existen elementos suficientes para que los ocho imputados enfrenten un proceso penal, sin emitir todavía un pronunciamiento sobre su responsabilidad.

Ratifican prisión preventiva para varios imputados

La autoridad judicial mantuvo la prisión preventiva oficiosa para Ernesto Ruffo Appel, además de Ricardo "N", José "N", Juan "N" y Luis "N", quienes permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano.

Por otra parte, Guillermo "N" y José María "N" cumplirán la medida cautelar en sus domicilios debido a sus condiciones particulares, mientras que Adriana "N" permanecerá internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Investigación por presunta red de huachicol

Según la FGR, los imputados habrían integrado una estructura dedicada a introducir combustibles al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. El esquema presuntamente consistía en reportar volúmenes menores a los realmente transportados o declarar cargamentos como productos distintos para reducir impuestos y evadir controles fiscales.

La investigación deriva del aseguramiento realizado en julio de 2025 en Coahuila, donde autoridades federales localizaron 129 carrotanques con aproximadamente 15.5 millones de litros de gasolina y diésel cuya importación permanece bajo investigación.

Dentro de la carpeta figura la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo Appel reconoció ser socio. La Fiscalía sostiene que esa compañía habría participado en operaciones con volúmenes inferiores a los realmente introducidos al país, lo que presuntamente permitió evadir el pago de contribuciones por miles de millones de pesos.

Con esta resolución, la investigación continuará en la siguiente etapa del proceso penal, mientras los ocho imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que una sentencia firme determine su situación jurídica.

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