El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó al Congreso del Estado una iniciativa para modificar la integración de los cabildos de los 217 municipios, con el propósito de armonizar la legislación local con la reforma electoral federal, conocida como Plan B, que establece un máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento.

La propuesta se convirtió en la cuarta iniciativa que analiza el Poder Legislativo sobre este tema. Anteriormente, diputados del PAN, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron proyectos con el mismo objetivo.

En el caso del Ayuntamiento de Puebla, la iniciativa plantea un Cabildo integrado por 11 regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional, además de la presidencia municipal y la sindicatura, con lo que se ajustaría al nuevo límite.

Para el resto de los municipios, la integración de los cabildos dependerá del número de habitantes:

  • En aquellos con 90 mil habitantes o más se integrarían con ocho regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional;
  • En los que tienen entre 60 mil y 90 mil habitantes, con ocho de mayoría relativa y tres de representación proporcional;
  • Mientras que en las demarcaciones con menos de 60 mil habitantes habría seis regidurías de mayoría relativa y dos de representación proporcional.

La iniciativa también mantiene el criterio establecido en la reforma federal para que los partidos políticos puedan acceder a una regiduría de representación proporcional con al menos el dos por ciento de la votación válida emitida.

La propuesta del Ejecutivo estatal difiere de las impulsadas por las bancadas de oposición. Tanto el PAN como Movimiento Ciudadano plantearon conservar para el municipio de Puebla un Cabildo con 10 regidurías de mayoría relativa y cinco de representación proporcional, además de mantener el requisito del tres por ciento de la votación para acceder a posiciones plurinominales.

En tanto, la iniciativa presentada previamente por el diputado local por Morena, Julio Huerta, coincidió con el Ejecutivo estatal en reducir al dos por ciento el umbral de votación para obtener representación proporcional en los ayuntamientos.

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