GERARDO GUTIÉRREZ
Es patente el contraste entre la forma en que la procuración de justicia federal ha manejado el escándalo del contrabando de combustibles frente a la aprehensión expedita de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la transición a la democracia en México y hoy figura de un nuevo partido opositor. Más aún por cómo fue exhibida la detención, en contravención del principio de presunción de inocencia.
Ante la aparente inacción para investigar a tantos personajes prominentes del oficialismo que, en información periodística, han sido señalados por su presunta participación en este sistema de fraude –quizá el mayor caso de corrupción y evasión fiscal en la historia reciente–, es natural que crezca aún más la percepción de politización de la justicia en México.
Más allá de eso, no hay visos de un despliegue del Estado mexicano para esclarecer a fondo lo sustantivo del desfalco masivo que ha sido expuesto, lo cual ameritaría lo que en otros países se ha realizado con “maxi procesos” para desmantelar a las redes involucradas e impedir la impunidad.
Lo que se espera es un juicio apegado a derecho del imputado y que se persiga a los responsables del resto de alrededor de 600 mil millones de pesos en que se calcula el daño para el erario por el contrabando de combustibles en estos años. La Fiscalía General de la República (FGR) reclama cuatro mil millones de pesos en esta acusación en específico: habría unos 596 mil millones por esclarecer; se necesitaría resolver 150 casos similares para llegar al total. ¿Dónde está ese dinero?
El huachicol fiscal consiste en el contrabando masivo de combustibles y su comercialización, evadiendo obligaciones tributarias con falsificación de facturas y manipulación en las aduanas. A diferencia del "tradicional" –robo físico y perforación ilegal de ductos–, depende de un sofisticado sistema de fraude que pasa por oficinas, agencias aduanales y puertos marítimos o fronterizos.
Opera con una falsa clasificación arancelaria, a fin de ingresar gasolina o diésel como si fueran lubricantes, alcoholes, aditivos, químicos o desechos, que pasan exentos del IEPS y con una menor carga de IVA. Asimismo, con la alteración de volúmenes y subfacturación, reportando a Hacienda cantidades menores a las que realmente se introducen en pipas, buquetanques o trenes.
Además, investigaciones periodísticas han informado de una presunta vertiente consistente en robar petróleo crudo en México, exportarlo ilegalmente a refinerías en Estados Unidos, y regresarlo al país convertido en gasolina con documentación alterada. Incluso, se ha reportado en prensa el caso de una refinería clandestina en Nuevo León.
Un sistema de defraudación como ese difícilmente sería viable sin colusión de autoridades de alto nivel. Eso es lo que no ha sido aclarado a profundidad por el Estado mexicano.
En cambio, en Estados Unidos ya se han tomado acciones al respecto. El 30 de junio, Fincen, oficina del Departamento del Tesoro que funciona como su Unidad de Inteligencia Financiera, emitió una Alerta Suplementaria sobre Contrabando de Combustible y Evasión Fiscal. Ahí refiere que, tras una primera alerta emitida en mayo de 2025, los bancos e instituciones financieras reportaron transacciones sospechosas que suman más de siete mil millones de dólares vinculados exclusivamente a redes de huachicol fiscal en un lapso de 12 meses.
Afirma que el combustible se compra de manera "legal" en Estados Unidos por cómplices de estas redes para ser introducido en México con el sistema de defraudación descrito. Pero la clave aquí es la participación de cárteles de narcotráfico, hoy clasificados como organizaciones terroristas, como el de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el del Golfo.
Estos grupos estarían participando en la logística y las ganancias, utilizando para sus operaciones transferencias bancarias estructuradas, empresas fachada y activos digitales. Hay que añadir que el propio Departamento del Tesoro señaló, en un comunicado oficial, que parte de ese dinero termina financiando campañas políticas en México. Imposible minimizar las implicaciones potenciales para la relación bilateral.
Por lo pronto, efectivamente pudiéramos estar ante uno de los mayores desfalcos –si no el mayor– a la hacienda pública en la historia reciente.
Estimaciones de Onexpo coinciden con las del Fincen de que entre una cuarta y una tercera parte de todo el combustible comercializado en México proviene de este mercado ilegal. Cálculos como los que ha hecho PETROIntelligence apuntan a que este delito pudiera haber generado pérdidas anuales por al menos 170 mil millones de pesos por impuestos evadidos. Esto equivaldría a más de 40% de toda la recaudación nacional del IEPS a gasolinas. Sería prácticamente el 100% del presupuesto de la Secretaría de Energía y 2.5 veces el asignado al Poder Judicial.
Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM y ex subsecretario de Energía, ha presentado análisis detallados a través del Observatorio Ciudadano de la Energía que estiman el daño integral potencial –sumando contrabando aduanal, tomas clandestinas y presunta desaparición de inventarios de crudo– en 740 mil millones de pesos acumulados en siete años.
Pero el daño también tiene que juzgarse por la infiltración criminal y la descomposición en las instituciones. ¿Cuánto vale eso?
Con estos precedentes, es natural que surjan dudas sobre un caso como el del ex gobernador de Baja California. Más difícil aún es imaginar que un sistema de defraudación de esta magnitud, complejidad y alcance deje de tener consecuencias profundas para el Estado democrático de derecho en México si queda en la impunidad.