La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal ordenó el inicio del procedimiento administrativo para suspender las actividades de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), ubicada en la ciudad de Puebla, al concluir que el modelo de educación militarizada no cuenta con sustento jurídico en México y, por lo tanto, no podrá iniciar el ciclo escolar 2026-2027.
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, informó que la dependencia notificó formalmente a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla para ejecutar el procedimiento antes del regreso a clases.
Modelo carece de autorización
El funcionario explicó que la revisión se realizó en coordinación con la 25 Zona Militar, donde confirmaron que la institución no posee autorización para impartir enseñanza bajo un esquema castrense.
Precisó que la Constitución y la Ley General de Educación no reconocen modalidades educativas militares, castrenses o similares dentro del sistema educativo nacional, por lo que ninguna autoridad educativa ni militar puede autorizar este tipo de planteles.
Además, señaló que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza representa el único caso identificado en Puebla que se promociona públicamente bajo esa modalidad.
Garantizan estudios y reembolso a familias
La SEP aseguró que las y los estudiantes conservarán la validez de los grados cursados y recibirán apoyo para incorporarse a otras instituciones educativas. Asimismo, la academia deberá entregar toda la documentación académica correspondiente.
En caso de que madres y padres de familia hayan cubierto inscripciones o colegiaturas para el próximo ciclo escolar, la institución tendrá la obligación de devolver esos recursos al no poder prestar el servicio educativo.
Revisión nacional tras caso en Tamaulipas
La revisión de escuelas con características militarizadas forma parte de una estrategia nacional impulsada por la SEP después del fallecimiento de la menor Dafne Zapata durante un campamento organizado por una academia de ese tipo en Tamaulipas. Las autoridades federales consideran que ese caso evidenció prácticas que vulneraron los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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