El Gobierno de México puso en marcha el primer Acuerdo Marco de Café exclusivo para Organismos del Sector Social (OSS), una estrategia que busca convertir las compras públicas en un motor para fortalecer a las cooperativas cafetaleras, generar desarrollo económico y garantizar que los recursos públicos beneficien directamente a las comunidades productoras.

La secretaria Raquel Buenrostro Sánchez encabezó la firma simbólica del acuerdo junto con autoridades de la Secretaría de Hacienda y representantes de cooperativas. Durante el evento, afirmó que este mecanismo reconoce el trabajo de las y los productores de café, fortalece la economía social y demuestra que el gasto gubernamental puede reducir desigualdades mediante procesos transparentes y sostenibles.

Nuevo modelo para las compras públicas

El subsecretario Alejandro Encinas Nájera explicó que este instrumento representa el primer Acuerdo Marco diseñado exclusivamente para los Organismos del Sector Social, alineado con los objetivos del Plan México. Además, destacó que garantizará la trazabilidad, la calidad del café y simplificará los procesos de contratación al disminuir tiempos, costos y cargas administrativas para las cooperativas.

Por su parte, Jaime Larrazábal Escárrega, titular de la Unidad de Control Administrativo y Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda, señaló que este esquema facilitará el acceso de productores históricamente excluidos al mercado gubernamental, sin descuidar el uso eficiente del presupuesto público.

Impulso para productores de café

En representación de la cooperativa Nak Nimiles, Valeria Hernández Nolasco aseguró que el acuerdo permitirá fortalecer a las organizaciones productoras, abrir nuevos mercados y demostrar la capacidad de los Organismos del Sector Social para ofrecer productos de alta calidad.

El Acuerdo Marco forma parte del Modelo de Compras Públicas Sostenibles y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029. En su primera etapa atenderá una demanda estimada de 70 toneladas de café destinadas a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Con esta estrategia, el Gobierno federal busca ampliar la participación de cooperativas en las adquisiciones oficiales, diversificar la proveeduría, fortalecer la transparencia y convertir las compras públicas en una herramienta de desarrollo económico, inclusión productiva y combate a la corrupción.

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