La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar una prueba de control a cerca de 58 mil aspirantes abrió un nuevo capítulo de incertidumbre en el proceso de ingreso a licenciatura. Mientras algunos estudiantes aceptaron presentar una nueva evaluación, otros comenzaron a promover amparos con el objetivo de que la institución respete los resultados obtenidos originalmente.
Inconformidad entre aspirantes
Uno de los casos que llamó la atención corresponde a Brisa Nisdany García Santiago, joven de 17 años originaria de una comunidad zapoteca de Oaxaca, quien alcanzó 120 aciertos para ingresar a la carrera de Medicina. Aunque calificó la medida como injusta para quienes realizaron el examen de manera honesta, afirmó que volverá a presentar la evaluación porque confía plenamente en sus conocimientos.
Sin embargo, especialistas en derecho consideran que la nueva prueba podría abrir la puerta a recursos legales. De acuerdo con juristas consultados, la convocatoria 2026 de la UNAM no contempló una evaluación adicional para quienes ya habían recibido una notificación de aceptación.
Abogados cuestionan la medida
El abogado Rubén Ramírez sostuvo que la universidad modificó las condiciones del proceso sin cancelar formalmente el examen anterior, situación que, desde su perspectiva, permite impugnar la decisión mediante un juicio de amparo.
Asimismo, explicó que presentar la nueva evaluación podría interpretarse jurídicamente como una aceptación de las nuevas reglas, lo que reduciría la posibilidad de controvertir la medida posteriormente.
En la misma línea, el jurista Ismael Ávalos señaló que los aspirantes seleccionados ya adquirieron un derecho al cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, aunque aclaró que su postura representa únicamente una opinión jurídica.
Por otra parte, Fernando Solís estimó que los amparos únicamente proceden después de que exista un acto concreto por parte de la universidad, razón por la que descartó la viabilidad de recursos promovidos antes del anuncio oficial.
Especialistas respaldan la decisión
El sociólogo e investigador educativo Humberto González consideró que la prueba de control representa la alternativa más viable para atender las presuntas irregularidades detectadas en el primer examen digital. Afirmó que la medida protege a quienes pudieron resultar afectados por una posible alteración en los puntajes, aunque reconoció que también perjudica a estudiantes que obtuvieron su lugar legítimamente.
El especialista agregó que la evaluación presencial también implicará gastos adicionales y presión emocional para miles de jóvenes, aunque descartó que la crisis amerite la salida del rector Leonardo Lomelí, al considerar que los recientes cambios administrativos buscan fortalecer la respuesta institucional.