Amnistía Internacional urgió a los gobiernos de España y Marruecos a colocar los derechos humanos como eje de su respuesta frente a la creciente crisis migratoria en Ceuta, donde decenas de miles de personas, entre ellas niñas, niños y familias, han cruzado la frontera en busca de protección y mejores condiciones de vida.
AI pide garantizar el derecho al asilo
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, solicitó a ambos países garantizar el acceso al sistema de asilo para quienes lo requieran, además de respetar los derechos fundamentales de todas las personas migrantes, sin importar la forma en que ingresaron al territorio.
Beltrán recordó que el principio de no devolución, contemplado en el derecho internacional, impide devolver a una persona a un lugar donde su vida o integridad puedan correr peligro. Asimismo, reiteró que las expulsiones colectivas permanecen prohibidas por las normas internacionales.
Preocupa la situación de menores y personas vulnerables
El representante del organismo también pidió que las fuerzas de seguridad actúen con apego a los estándares internacionales, especialmente en el uso de la fuerza durante las labores de vigilancia fronteriza.
Además, instó a las autoridades españolas a fortalecer los servicios sanitarios y la asistencia social, con especial atención hacia niñas, niños y otros grupos en condición de vulnerabilidad que requieren protección inmediata.
Amnistía Internacional también exhortó al gobierno español a evitar cualquier medida con efectos discriminatorios contra personas migrantes, particularmente aquellas racializadas, y a condenar los discursos racistas que puedan surgir en el contexto de la emergencia.
Miles permanecen en condiciones precarias
Las autoridades de Ceuta estiman que más de 60 mil personas han cruzado la frontera durante esta crisis. Como respuesta, el gobierno español desplegó unidades del ejército para reforzar las labores de la Policía y la Guardia Civil.
Mientras tanto, miles de migrantes permanecen en la vía pública, situación que incrementa los riesgos humanitarios. Ante este panorama, Amnistía Internacional anunció que mantendrá un seguimiento permanente para documentar posibles violaciones de derechos humanos, entre ellas el uso excesivo de la fuerza o incumplimientos del principio de no devolución.