El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una recompensa superior a los 100 millones de dólares para quien aporte información que permita localizar y detener a cinco presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de la estrategia para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Acusan al CJNG de narcotráfico y violencia
El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, sostuvo que el CJNG mantiene una estructura criminal responsable de introducir fentanilo, cocaína, metanfetamina y otros estupefacientes al mercado estadounidense, además de recurrir a la violencia para consolidar sus operaciones.
Según el funcionario, las investigaciones atribuyen al grupo delictivo una amplia red de actividades ilícitas que impactan la seguridad pública y provocan miles de muertes relacionadas con el consumo de drogas sintéticas en Estados Unidos.
Cinco objetivos prioritarios
La recompensa contempla información que facilite la captura de Julio Alberto Castillo Rodríguez, Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias "El Sapo"; Ricardo Ruiz Velasco, conocido como "El Tripas"; Julio César Montero Pinzón, alias "El Tarjetas"; y Carlos Andrés Rivera Varela, identificado como "La Firma".
Las autoridades estadounidenses señalaron que los cinco enfrentan procesos judiciales en cortes federales de Nueva York y Washington, D.C., por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, así como la dirección de células armadas vinculadas con homicidios y otros actos violentos.
Además, la investigación señala que tres de los imputados habrían participado en un fraude contra adultos mayores estadounidenses, mediante un esquema relacionado con la venta fraudulenta de tiempos compartidos.
Todd Blanche afirmó que esta medida forma parte de una ofensiva permanente para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y reducir su capacidad financiera y operativa. La dependencia estadounidense reiteró que continuará utilizando herramientas legales y recompensas económicas para capturar a integrantes de alto nivel de los cárteles considerados prioritarios.