La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México seguirá las recomendaciones emitidas por un grupo de 54 científicos para evaluar la posible extracción de gas natural mediante fractura hidráulica (fracking) y otras tecnologías en regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá primero de estudios técnicos y ambientales.
Estudios definirán el siguiente paso
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el proceso iniciará con una investigación encabezada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, cuyo objetivo consistirá en determinar la presencia de agua salada y confirmar la existencia de reservas de gas natural.
La titular del Ejecutivo sostuvo que sin esos resultados no habrá avances hacia una eventual explotación del recurso energético. Además, reiteró que las conclusiones del comité científico marcarán la ruta del proyecto.
Buscan reducir dependencia energética
Sheinbaum recordó que México consume gas no convencional importado de Estados Unidos, combustible que abastece una parte importante de la generación eléctrica nacional. En ese contexto, afirmó que el propósito consiste en fortalecer la soberanía energética, siempre con el menor impacto ambiental posible.
También adelantó que el Gobierno impulsará otras recomendaciones formuladas por los especialistas, entre ellas disminuir la quema de gas en campos petroleros e incrementar el aprovechamiento de energías limpias.
Descartan fracking en zonas ambientalmente sensibles
Los expertos concluyeron que la Cuenca de Tampico, ubicada entre Tamaulipas y Veracruz, no reúne condiciones sociales ni ambientales para desarrollar proyectos de fracking. La región posee ecosistemas de alto valor ambiental, además de comunidades indígenas con presencia histórica, factores que llevaron al comité a desaconsejar esa técnica.
Por su parte, José Antonio Hernández Espriú, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señaló que las perforaciones exploratorias únicamente permiten obtener muestras para identificar agua salada y no representan un riesgo ambiental significativo.
Finalmente, la presidenta anunció que el Gobierno presentará informes públicos cada dos meses o dos meses y medio, además de habilitar una plataforma de la Secretaría de Energía donde se publicarán los estudios y avances del proceso.