Agentes de ICE, la agencia migratoria de Estados Unidos, han matado a tiros al menos a seis personas durante operativos en 16 meses.
Ninguno de los agentes involucrados ha sido imputado, según un recuento publicado por NBC News sobre los casos registrados.
El balance genera cuestionamientos sobre los mecanismos disponibles para investigar a agentes federales cuando utilizan sus armas contra civiles.
En Estados Unidos, las investigaciones por disparos policiales suelen comenzar a nivel local cuando intervienen agentes municipales.
En esos casos pueden participar la policía estatal y el fiscal del condado, mientras un gran jurado determina si existen elementos para presentar cargos.
Sin embargo, cuando el agente pertenece a una corporación federal como ICE, el proceso puede complicarse debido a la jurisdicción federal.
Las autoridades locales pueden realizar investigaciones paralelas, aunque su acceso a pruebas y documentos puede depender de las agencias federales.
Uno de los casos ocurrió el 7 de julio, cuando murió baleado el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 51 años.
El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, afirmó que no fue convocado a la escena, pese a que esa práctica es habitual.
Testigos que viajaban con Salgado Araujo declararon que estacionaba su camioneta antes del incidente. Ninguno de los agentes presentes llevaba cámara corporal.
En Minneapolis, los casos de Renee Good y Alex Pretti también generaron cuestionamientos sobre el acceso a información federal.
Las autoridades locales tuvieron que demandar al Gobierno estadounidense para obtener documentos relacionados con ambas investigaciones.
Un juez determinó recientemente que la entrega de información por parte del Gobierno federal continúa incompleta.
Otro caso ocurrió en Illinois, donde una comisión de rendición de cuentas concluyó que agentes dispararon contra Silverio Villegas González sin aparente justificación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha argumentado que algunos vehículos fueron utilizados para agredir a sus agentes.
Sin embargo, la capacitación de ICE prohíbe disparar contra vehículos en movimiento bajo determinadas circunstancias.
El DHS afirmó además que las agresiones contra sus agentes aumentaron mil 300%, mientras los ataques con vehículos crecieron 3 mil 300%.
La dependencia no proporcionó cifras absolutas, periodo de comparación ni metodología para clasificar esos incidentes.
La falta de acceso a información también preocupa a organizaciones civiles y comunidades donde ocurrieron los operativos.
Juan Proaño, director nacional de LULAC, señaló que algunos comerciantes entregaron videos de seguridad a organizaciones civiles en lugar del Gobierno federal.
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