Carlos Eduardo Solares Vega, quien ocupó cargos en la administración estatal de Puebla entre 2021 y 2023, fue detenido en el Estado de México por su presunta relación con una red de extorsión dirigida contra propietarios de verificentros.
La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) también derivó en la captura de Raúl Piña Orta, señalado como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría de Medio Ambiente de Guerrero.
De acuerdo con los señalamientos difundidos por las autoridades, ambos servidores públicos habrían exigido pagos extraordinarios a empresarios del sector de verificación vehicular para permitir la operación de sus establecimientos.
Las pesquisas también apuntan a un posible esquema para despojar de concesiones e infraestructura a algunos propietarios. Las víctimas habrían recibido advertencias para evitar que denunciaran los hechos ante las autoridades.
Las autoridades estiman que las presuntas actividades ilícitas generaban ganancias millonarias, además de ingresos derivados de cobros irregulares relacionados con la renovación de permisos.
El paso de Carlos Solares por Puebla
Antes de incorporarse a la administración mexiquense, Carlos Eduardo Solares Vega desarrolló parte de su trayectoria profesional en el gobierno de Puebla.
Entre febrero de 2021 y febrero de 2023, durante la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, ocupó un cargo directivo dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT).
Posteriormente, durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, asumió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia.
En febrero de 2023 avanzó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética, responsabilidad que mantuvo hasta octubre de ese año.
Después de concluir esa etapa en Puebla, Solares se incorporó al gobierno del Estado de México, donde continuó vinculado con actividades relacionadas con el control de emisiones atmosféricas.
La investigación continúa para determinar el alcance de la presunta red y las responsabilidades individuales de los involucrados.
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