La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene vigilancia en la zona protegida de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, ante posibles daños ambientales atribuidos a desarrollos inmobiliarios.
Este diario documentó en julio pasado la operación del denominado Cártel Inmobiliario, una red familiar y empresarial vinculada con Gilberto Villa Huerta, su hija Venght Villa Herrero y Ángel Villa Herrero, aspirante a la alcaldía del municipio por Morena, relacionada con construcciones irregulares en la periferia del área vedada.
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó hace algunos días a las autoridades ambientales informar si existían construcciones irregulares en el sitio.
La Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), indicó que mantiene acciones de inspección, además de vigilancia y seguimiento ante posibles afectaciones ambientales dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa.
Al respecto, la dependencia advirtió que, en caso de detectar nuevas construcciones dentro del polígono referido, se procederá a su clausura inmediata.
Desde 2019, las autoridades han atendido diversas afectaciones en el área. Entre ellas, detectaron un cambio de uso de suelo forestal sin autorización para la construcción de un hotel, situación que derivó en clausuras, sanciones y medidas de restauración.
Ante el incumplimiento de la normatividad, en abril de 2024 se presentó una denuncia penal. Ese mismo año también se actuó contra la instalación de una planta trituradora de piedra, cuya obra fue suspendida y, posteriormente, abandonada.
TERRENOS FORESTALES
Respecto a los sucesos recientes, el pasado 10 de julio de 2026, la Conanp presentó una denuncia ante la Profepa por un posible cambio de uso de suelo en terrenos forestales, relacionado con dos construcciones y un camino de acceso en una superficie estimada de mil 500 metros cuadrados, ubicada junto a la carretera federal 130, en el tramo Huauchinango-Xicotepec de Juárez.
Como parte de las investigaciones, el 14 de julio la Profepa realizó un recorrido de verificación en el fraccionamiento Patoltecoya, ubicado dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP).
En el lugar se detectaron viviendas construidas en distintas etapas; alrededor del 97 por ciento de ellas se encuentran vendidas y habitadas. Dos empleados del arquitecto encargado informaron que las primeras casas tienen más de 40 años de antigüedad y presentaron un plano correspondiente a 46 viviendas de interés social edificadas entre 2018 y 2020.
También señalaron que las construcciones posteriores a 2021 fueron realizadas directamente por los propietarios de los terrenos.
La revisión de imágenes satelitales confirmó la existencia de viviendas desde 2011, así como la incorporación de otras construcciones en años posteriores.
NUEVO COMPLEJO
De acuerdo con la dependencia, con base en la información recabada hasta el momento, “no se acredita que actualmente se esté construyendo un nuevo complejo habitacional atribuible a Gilberto Villa Huerta”.
Sin embargo, la Profepa continuará con la verificación de la antigüedad, características y situación ambiental de las obras. Además, mantendrá las investigaciones y los recorridos de vigilancia para detectar nuevas construcciones, ampliaciones, remoción de vegetación o cualquier otra afectación a los recursos naturales.
La dependencia indicó que “en el caso de identificar actividades contrarias a la legislación ambiental, iniciará los procedimientos correspondientes y ordenará las medidas de seguridad y las sanciones respectivas”.
Para las construcciones antiguas se considera lo establecido en el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece un plazo de cinco años para que la autoridad imponga sanciones administrativas, contado a partir de la comisión de la infracción o desde que ésta haya cesado, cuando se trate de conductas continuas.
Esta disposición no impide que las autoridades inspeccionen obras recientes ni que ordenen, cuando exista fundamento legal, medidas de seguridad o sanciones por nuevas construcciones, remoción de vegetación forestal u otras afectaciones ambientales.