Por Serafín Castro
A unos días de que iniciara una investigación por la presunta falsificación de documentos para allegarse de contratos multimillonarios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el empresario Víctor Hugo Karam González montó una estrategia jurídica para borrar las huellas que pudiera incriminarlo, junto con su esposa e hija, con la empresa Constructpue de México.
La estrategia consistió en la venta de todas las acciones a favor de dos personas, entre ellas Pascual Arellano Ortiz, con 30 años de edad y domicilio fiscal en una colonia popular, quien actualmente funge como socio mayoritario con el 51% de las acciones.
Para no perder el hilo conductor de las investigaciones, Karam Beltrán fue designado como representante legal con un amplio poder, cargo que detenta hasta la fecha, según consta en documentos del Registro Público de la Propiedad.
Los inicios de Constructpue de México
Constructpue fue creada el 22 de julio de 2009 con dos únicas accionistas: María Jacqueline Hernández Ramírez y Karime Hennet Karam Hernández, esposa e hija de Víctor Hugo Karam. La primera fungía como administradora.
Ese mismo año, la constructora obtuvo su primer contrato por 5.3 millones de pesos por parte del gobierno de Mario Marín Torres para pavimentar con concreto asfaltico seis calles en el mismo número de colonias de la capital poblana.
Cinco meses y medio después de su creación, Karam González fue designado como administrador único de la empresa. El gobierno marinista le asignó ese año un contrato por 1.4 millones de pesos para pavimentar dos calles en las colonias Lomas del Sur y Bosques de San Sebastián.
Con el cambio de administración estatal –cuando sale el priista Mario Marín de Casa Puebla y llega Rafael Moreno Valle– la empresa de la familia Karam Hernández deja de ser una de las proveedoras del gobierno de Puebla y vive una época de sequía que duró algunos años.
Sin embargo, entre febrero y junio de 2014 la constructora poblana pasó de facturar 1.4 millones de pesos a recibir contratos por 640 millones de pesos tras obtener obras carreteras por parte de la SCT en los estados de Veracruz, Colima, Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León y Nayarit, de acuerdo con información recabada por el diario Reforma.
Los movimientos
Pese a que la empresa había obtenido los contratos más importantes en su corta vida, Jacqueline Hernández y Karime Karam sorpresivamente decidieron vender el total de sus acciones.
El 16 de octubre de 2014, adquieren el control de la empresa Pascual Arellano Ortiz, quien, con el 51 por ciento de las acciones, fue designado como administrador único, e Hilda Ariadna Cerón Gómez con el 49% restante.
El sospechoso movimiento pudiera tener su explicación en un hecho ocurrido 17 días después, cuando la delegación de la SCT en Veracruz remitió un oficio a la Secretaría de Infraestructura (SI) de Puebla, encabezada por José Cabalán Macari Alvaro, para solicitar información sobre siete contratos asignados a Constructpue y que fueron presentados como evidencia de la experiencia de la empresa para ganar los contratos multimillonarios en seis entidades del país.
La falsedad en la información quedó corroborada el 28 de noviembre del 2014, cuando la SI respondió mediante un escrito que la administración estatal no había asignado ningún contrato en el periodo 2011-2013.
El hallazgo llevó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a iniciar el 19 de enero de 2015 una investigación en forma.
Pese a haberse deslindado de Constructpue desde octubre del 2014, Víctor Hugo Karam González es designado el 26 de febrero del año pasado como representante legal de la empresa con amplios poderes, según consta en los documentos del Registro Público de la Propiedad.
Pero los movimientos no concluyeron ahí. El 31 de julio de 2015 y en medio de la presión por la investigación iniciada por la SFP, Hilda Ariadna Cerón Gómez decide vender su paquete accionario a Rogelio Castillo Cortés.
Mientras se concrentaba el último movimiento, reportes de prensa dieron cuenta que la empresa Constructpue abandonó las obras de ampliación de la carretera federal 180 Cosoleacaque-Jaltipan, en el estado de Veracruz, lo que orilló a una denuncia pública por parte de los contratistas contra Karam, quienes exigían el pago de ocho millones de pesos.