Rogelio Roque fue señalado por adjudicarse en donación un terreno adquirido nueve años antes por el municipio
Por Mario Galeana
La defensa legal del ejidatario que vendió un predio de cinco hectáreas al Ayuntamiento de Nopalucan de la Granja en 2006, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado, para que proceda en contra del presidente municipal, Rogelio Roque Torres.
Esto, después de que el alcalde solicitara nueve años más tarde al Registro Agrario Nacional (RAN) adjudicar la propiedad del terreno de cinco hectáreas para sí mismo, pese a que el predio formaba parte del patrimonio municipal.
En la denuncia, se explica que la propiedad ubicada en el ejido de Santa María Ixtiyucan, en Nopalucan de la Granja, fue adquirida por el Ayuntamiento “con recursos públicos y no propios del citado Rogelio Roque Torres”.
El precio establecido para el terreno, cuya compraventa se efectuó el 6 de febrero de 2006, durante el primer periodo de Roque (2005-2008) como alcalde, fue de 200 mil pesos, con un primer pago de 50 mil, tres más de 40 mil, y el último de 30 mil.
Más de nueve años más tarde, el 22 de julio de 2015, Roque Torres solicitó al Registro Agrario Nacional que se le acreditara como titular de las cinco hectáreas, amparándose en documentos apócrifos sobre una “cesión gratuita” de derechos del terreno, de acuerdo con la denuncia.
“Es indudable que se agregó al segundo (convenio) –gratuito– con el objeto de indebidamente ingresar al patrimonio personal y propio del denunciado un bien raíz ajeno y cuyo precio se erogó o cubrió con recursos públicos”, argumenta la denuncia presentada ante la Auditoría Superior del Estado.
Esto implica los presuntos delitos de “simulación de actos jurídicos y responsabilidad administrativa y penal”, de los que se acusa también al síndico municipal del Ayuntamiento de Nopalucan durante el periodo 2005-2008, José Ambrosio Rocha Sánchez, pues “éste también intervino con tal carácter en el contrato de compraventa”.
Aunque la cuenta pública corresponde al primer periodo de Roque Torres como alcalde y ya fue avalada por el Congreso del Estado, hay precedentes judiciales que podrían dar pie a un nuevo proceso fiscalizador por parte de la ASE, si así lo determina el pleno del Legislativo.
En mayo de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, con el número 34/2008, una tesis jurisprudencial con la que el Congreso de Colima pudo investigar y revisar un periodo del gobierno municipal de Tecomán, que previamente había sido fiscalizado por las autoridades locales.
“La posibilidad de efectuar revisiones especiales, en conclusión, es parte de lo que legítimamente las entidades federativas pueden prever cuando ejercen su competencia de desarrollar normativamente la facultad de revisar las cuentas públicas estatales”, determinó la máxima autoridad judicial de la Federación.
El ejidatario agraviado, ya ha informado al diputado Mariano Hernández Reyes, quien forma parte de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, las irregularidades detectadas en la compraventa del terreno ubicado en Ixtiyucan.
La defensa legal del ejidatario solicitó al diputado del Partido del Trabajo “impedir que Rogelio Roque Torres se apropie de manera ilegal y fraudulenta del predio”.
