Evidencias tales como denuncias y testimonios del uso del programa para beneficiar la campaña de Alcalá contradicen las afirmaciones de su titular, Luis Miranda, respecto a su transparencia
Por Mario Galeana
Aunque el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que Prospera no fue utilizado para coaccionar el voto en favor del PRI en el pasado proceso electoral, un amasijo de denuncias, testimonios y videos ponen en entredicho el carácter social, y no político, del programa federal.
Anteayer, en su visita a Puebla, el secretario federal dijo que, si la maquinaria de Prospera hubiese operado a favor de la ex candidata priista al gobierno de Puebla, los resultados electorales habrían sido distintos. “Siempre ganarían los mismos partidos políticos”, soltó.
Pero la cascada de denuncias que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) aún resuelve, dicen lo contrario.
El primer posible caso de coacción del voto en favor del PRI surgió a finales de marzo de este año, cuando el PAN exhibió una grabación donde Rafael Arroyo León, supuesto enlace de Prospera en Cuetzalan, pedía a un grupo de beneficiarias apoyar a la senadora priista en las urnas.
Por esa grabación, Acción Nacional denunció a la delegada en Puebla de Prospera, Graciela Juárez García, a una promotora del programa y a Arroyo León.
Casi dos meses más tarde, a mediados de mayo, el PAN presentó una nueva denuncia en contra de Juárez García, de los 15 jefes de Unidad de Atención Regional (UAR) de Prospera, 177 vocales y otros nueve trabajadores del programa federal.
Ese mismo mes el posible condicionamiento de Prospera quedó exhibido en cadena nacional. El 24 de mayo, durante el programa Punto de Partida, que se transmite en Televisa, beneficiarias acusaron ser víctimas de amenazas por parte de los trabajadores de Prospera, quienes exigían a las mujeres acudir a mítines del PRI y, por si fuera poco, afiliarse al partido.
Joaquina Márquez, una beneficiaria de Zacatlán, dijo a la televisora que desde noviembre pasado las vocales de Prospera que no eran afines al tricolor fueron remplazadas.
Maricela Canchola, de Pantepec, declaró también que las beneficiarias que se oponían a apoyar a la candidata priista eran suspendidas temporalmente del programa mediante la alteración de una encuesta socioeconómica donde se evalúa las necesidades de las personas y, por tanto, su permanencia en Prospera.
Los operadores de Prospera, al servicio de la candidata
Además, el 1 de mayo pasado, un mes después del arranque de la campaña electoral, un ejército de trabajadores de Prospera firmó su renuncia para promover por todo el estado el voto en favor del PRI.
Un total de 80 representantes de atención (RA) y al menos cinco de los 15 jefes UAR signaron su baja, pero se mantuvieron en los municipios y regiones desde donde impulsaban las acciones sociales de Prospera.
Los trabajadores no sólo promovían el voto a favor de la ex candidata, sino que incluso participaban en manifestaciones donde el PRI acusaba la supuesta intervención del gobierno del estado en el proceso electoral.
Marco Polo Benítez Ariza, por ejemplo, fungía como representante de atención en la zona norte de la capital de Puebla, pero, tras su renuncia, fue visto en una protesta que el PRI realizó el 1 de junio en las afueras de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Para finales de junio, cinco jefes UAR y 70 representantes de atención fueron recontratados, y únicamente 10 trabajadores fueron congelados por la cantidad de denuncias electorales que pesaban en su contra, de acuerdo con fuentes al interior de la delegación de Prospera.
Su vuelta como funcionarios sociales fue maquillada con la reubicación de algunos de ellos, así como con el manejo opaco del organigrama de la delegación que, desde marzo pasado, se mantiene desactualizado.
Es “mito”, dice delegada
El posible condicionamiento con fines político electorales de Prospera es calificado por Graciela Juárez García como “un mito que suena atractivo”.
En entrevista con 24 horas Puebla, la delegada de Prospera consideró que la cantidad de trabajadores de la delegación –uno por cada tres mil 300 familias, según sus cálculos– hacen imposible el condicionamiento de los beneficios del programa federal.
“Es un mito que haya un condicionamiento y se les dé de baja. Si se les da de baja se debe a que no acudieron a las reuniones ”, arguyó.
Seguimiento
Esta casa editorial evidenció el mal uso del programa de asistencia federal desde su origen, como consta en nuestras entregas comprendidas entre mayo y junio
