Por Mario Galeana
El gobernador Rafael Moreno Valle presentará hoy en el Congreso local una iniciativa de reforma constitucional que dé origen a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
De acuerdo con el mandatario estatal, la iniciativa que se presentará al pleno del legislativo cuenta con el aval de la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría local y el organismo Transparencia Mexicana, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Queremos que el sistema que estaremos construyendo en Puebla sea muy robusto y pueda trabajar con precisión”, explicó el gobernador durante el tercer informe de labores del auditor superior en el estado, David Villanueva Lomelí.

En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, explicó que la iniciativa plantea una armonización con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), una instancia de coordinación entre todos los órdenes de gobierno que busca prevenir este delito.
Las reformas constitucionales que dieron origen al SNA se presentaron el 27 de mayo de 2015, y entró en vigor el 18 de julio pasado. Los Congresos locales deberán realizar una primera homologación entre las leyes estatales y federales para el próximo 16 de enero.
Aguilar Chedraui señaló que la presentación de la iniciativa de reforma no implica, por ahora, el nombramiento de un fiscal anticorrupción, tal como lo plantea el SNA.
En tanto, Moreno Valle reconoció que el SNA entra en vigor en una época donde la sociedad ha perdido confianza en los gobiernos, las instituciones y los políticos.
El sistema incluye, a su vez, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en teoría obliga a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
Sin embargo, la 3de3 –como se conoce a esta ley– cuenta con un candado: los servidores públicos presentarán su patrimonio siempre que no represente una afectación a su “vida privada”.
Esta condición impuesta a la iniciativa original fue propuesta por las bancadas del PRI y el PVEM en el Senado.
