Por Mario Galeana
El primer paso para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla ocurre justo cuando la población considera la corrupción como el principal problema en la entidad
Las sospechas de los ciudadanos lo mismo atañen a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que a los partidos políticos.
De acuerdo con un estudio de Parametría, la razón que más influyó en la decisión de los electores el 5 de junio en el proceso para elegir gobernador fue, sin duda, la corrupción.
La encuestadora aseguró que las acusaciones de corrupción lanzadas entre candidatos definió el voto de más de 346 mil personas.
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) ofrece un panorama sobre las instituciones que, a ojos de los ciudadanos, son las más corruptas.
Por ejemplo, de los encuestados, 78.4% califica como corruptos a los agentes de tránsito en Puebla, según el estudio del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Eso pone a los agentes poblanos en el noveno lugar nacional con la peor percepción sobre corrupción. Ciudad de México, con 85.7%; Estado de México, con 84.4%, y Tabasco, con 83%, son los primeros lugares.
La Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública también alcanza a los tribunales locales y los resultados para el Poder Judicial no son positivos.
Los jueces locales son vistos como corruptos por 69.5% de la población encuestada y, con ello, se ubican en el cuarto lugar nacional en cuanto a la peor imagen ante la ciudadanía.
Los policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco se escapan del rechazo ciudadano: 69.5% también los señala como corrompidos.
No en vano el gobernador Rafael Moreno Valle reconocía hace unos días que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entra en marcha justo cuando la ciudadanía tiene menores niveles de confianza en los gobiernos, las instituciones y los políticos.
Los datos dan la razón al mandatario estatal. Una encuesta nacional, ahora aplicada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), indica que para los poblanos la corrupción y la impunidad se constituyen como el cuarto problema más grave en todo el estado.
El desencantado alcanza, sobre todo, a la población de menor edad. Según la Consulta Juvenil 2015, aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que incluyó el testimonio de 16 mil 85 adolescentes de entre 14 y 17 años, sólo 4.9% de los encuestados confía en los gobernantes. Y en los partidos políticos, aún menos: 4.5%.