Inconformes de que el tribunal estatal desechó las impugnaciones, recurren a la última instancia: el poder judicial de la federación; en siete días se espera un fallo definitivo
Por Guadalupe Juárez
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) así como la ex candidata independiente a la gubernatura, Ana Teresa Aranda Orozco, se resisten a reconocer los resultados del 5 de junio, pues pretenden que a nivel federal se anule la validación que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) otorgó a los comicios de este año.
Las fuerzas políticas inconformes impugnaron ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el fallo de los magistrados locales y será en siete días cuando los magistrados de la federación determinen válidas o no sus acusaciones.
Los inconformes presentarán ante el tribunal federal quejas que van desde el supuesto rebase en el tope de gastos de campaña del gobernador electo, José Antonio Gali Fayad, hasta la entrega de programas sociales por parte del gobierno del estado.
El 10 de octubre pasado el TEEP declaró “infundados, ineficaces, insuficientes e inatendibles” los reclamos de los inconformes, por lo que recurrieron a la última instancia disponible.
Morena argumenta la supuesta intervención de paquetes electorales.
Aranda arguye parcialidad en el trabajo de cinco consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), además de que, a su parecer, la entrega de uniformes, mochilas y tinacos por parte del gobierno del estado buscó “coaccionar el voto”.
El PRD, por su parte, alega que Gali Fayad pudo haber rebasado su tope de gastos de campaña, además de que durante el proceso electoral hubo “intromisión de recursos de procedencia ilícita”.
En tanto, el Revolucionario Institucional presentó la impugnación ante la autoridad federal, pues consideró que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla no sustentó los motivos por los cuales desechó las quejas donde el tricolor ponía en duda la imparcialidad del magistrado local Fernando Chavalier Ruanova, quien fue apoderado legal del diputado panista Mario Rincón González años antes de la jornada del 5 de junio pasado.