Tanto Ana Isabel Allende como Silvia Tanús coincidieron en que el proceso contra el ex secretario de medio ambiente debe ser apegado a derecho y no usarse como revancha política
Por Serafín Castro y Guadalupe Juárez
Si hay delito, que se aplique la ley a Francisco Castillo Montemayor y a los demás ex funcionarios marinistas que incurrieron en irregularidades, coincidieron Ana Isabel Allende Cano, delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Silvia Tanús Osorio, coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso del estado, aunque pidieron que el proceso sea apegado a derecho y sin “revanchas políticas”.
La delegada de la Segob solicitó además que durante el proceso se respeten las garantías individuales del medioambientalista.
“No se vale especular en estos momentos ni tratar de generar algún tipo de incertidumbre ni de rumores en donde se puedan ver revanchas. Aquí lo importante es que prevalezca la ley y la certeza de los ciudadanos de que sus autoridades están actuando correctamente”, indicó tras asistir al foro nacional ¡Porque soy Mujer!
Allende Cano refirió que si la Fiscalía General del Estado (FGE) encuentra irregularidades en las gestiones de otros secretarios del gobierno marinista se debe hacer una investigación; “sin embargo, todos los procedimientos deben de ir perfectamente apegados a derecho y también dentro de los tiempos y las formas marcados”.
La funcionaria del gobierno federal confió en que el proceso se llevará conforme lo marca la ley:
“Nosotros respetamos las instituciones y la confianza que se tiene en la actuación que se pueda dar y por eso también esperamos que se lleve conforme y totalmente apegado a la ley”, refirió.
En tanto, Tanús Osorio señaló sobre Castillo Montemayor que tenía la percepción de que era un funcionario que cumplía con su trabajo, por lo cual conminó a la Fiscalía para que respete el proceso y no sea parte de una “venganza política”.
Respecto a las órdenes de aprehensión que posiblemente girarán en la recta final de la administración morenovallista en contra de funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres, la también diputada local consideró “raro” que se den cinco años después de que todas las cuentas públicas fueron aprobadas por el legislativo local.
La priista hizo un llamado a las autoridades estatales para que en todos los casos se respeten los derechos como ciudadanos a los detenidos y se resuelvan los temas bajo la vía jurídica y no se utilicen posibles malos manejos en recursos como “garrote político”.