Óscar Santizo Méndez, titular de la SSPTM, indicó que también mantendrán los  operativos contra los vendedores ambulantes para impedir que regresen al Centro Histórico

 

Por Guadalupe Juárez 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Óscar Santizo Méndez, declaró que será antes de que concluya el año cuando comiencen a aplicar las sanciones a automovilistas que superen la velocidad permitida en la conocida como Zona 30.

En otro tema, aseguró que el operativo contra los vendedores ambulantes continúa, por lo que están apostados 400 elementos en el Centro Histórico.

 

Zona 30 y operativos

De acuerdo con el Código Reglamentario Municipal (Coremun), en el artículo 302, los automovilistas que rebasen la velocidad establecida en la Zona 30 tendrán una sanción  de 876.48 pesos a mil 460 pesos, equivalentes a 12 y 20 días de salario mínimo.

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La Zona 30 está conformada por un polígono de 69 vialidades donde los vehículos circularán máximo a 30 kilómetros por hora e incluye vialidades cercanas a zonas escolares, hospitales y el Centro Histórico, pues comprende calles desde el bulevar 5 de Mayo y 11 Norte-Sur, la avenida Manuel Espinosa Yglesias, así como la 28 y la 30 Oriente.

La reducción  de velocidad también se aplicará en dos polígonos más, de 15 calles, donde se limitará la velocidad a 50 kilómetros por hora, de forma que sean zonas “biciamigables” dándole preferencia al peatón y a los ciclistas por encima de los automóviles.

Esta zona comprende la avenida Juárez, la 25 Sur, en Juan de Palafox y Mendoza con la calle Juan Manuel Espinosa Yglesias, la 24 Sur y el bulevar 5 de Mayo.

Santizo Méndez evitó aclarar si también se aplicaría en el último mes del año el programa de Monitoreo Vial (fotomulta), utilizado para detectar a los automovilistas que rebasen la velocidad permitida.

Con referencia a las versiones que apuntan que los policías municipales padezcan por mantenerse en el operativo, rechazó que sea así ya que tienen  condiciones dignas para realizar su trabajo.

Según versiones periodísticas, desde hace una semana que se implementó el operativo, los uniformados acusaron ante la Contraloría “malas condiciones de trabajo” como falta de horas de sueño, dormir en el suelo, además de que la comida repartida era insuficiente.

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