Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
El próximo 11 de diciembre se cumplirán 10 años de que el entonces presidente Felipe Calderón emprendió lo que algunos han dado en llamar “guerra contra el crimen organizado”.
Si tomamos en cuenta que su antecesor, Vicente Fox, realizó un esfuerzo similar, sólo que con soldados uniformados como si fueran civiles –Operación México Seguro–, el lapso en que se han combatido a los cárteles desde los más altos niveles del gobierno ha sido aún mayor.
Puedo entender el argumento de Calderón de que él no tenía de otra más que enfrentar a los grandes delincuentes con toda la fuerza posible.
El problema es que el esquema de lucha que se eligió no ha arrojado los resultados deseados. Y no hay otra forma de evaluar a los políticos y a las políticas públicas que a través de los resultados.
Para comenzar, México no es más seguro después de una década. Y la fuerza que ha cargado con el mayor peso en este combate –el Ejército y la Marina– se nota verdaderamente desgastada.
Esta semana el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha hecho un nuevo llamado, con justa razón, para “determinar las circunstancias y condiciones para el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior”.
Más allá de que la violencia provocada por la actividad de la delincuencia se mantiene en niveles inaceptablemente altos (50 asesinatos diarios, en promedio, de los cuales más de la mitad puede atribuirse al crimen organizado), el Estado mexicano e incluso muchos especialistas han fallado en la identificación de las causas del problema.
No es que sea un alivio, pero se trata de una ineficacia en el diagnóstico que se reproduce a nivel internacional.
En su Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), seis de cada 10 países del mundo “no tienen datos que puedan utilizarse sobre homicidios en las fuentes de registro civil o de estadísticas vitales”.
El mismo PNUD ha revelado que es incorrecta la concepción de que la violencia criminal en América Latina –una región que tiene una escalofriante tasa de 28.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes– se debe exclusivamente a la pobreza y la desigualdad que caracterizan también al subcontinente.
“Tomadas por separado y al menos a nivel nacional, la pobreza, la desigualdad de ingreso y el desempleo no parecen explicar satisfactoriamente los niveles de inseguridad en la región”, dice otro reporte del PNUD, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina.
“Por el contrario –abunda el documento–, el crimen ha aumentado en un contexto regional de crecimiento dinámico y mejoras notables en indicadores sociales. Entender esta particularidad requiere aceptar que la violencia y el crimen no tienen explicaciones simples”.
¿Cuáles son las razones para que dos de las entidades más ricas del país, Guanajuato y el Estado de México –incluso municipios urbanos con gran empuje económico, como León y Naucalpan–, estén viviendo una crisis de inseguridad que hace peligrar incluso a las personas que cumplen con la ley por el solo hecho de usar el transporte público?
En la visión del PNUD, la población vulnerable que ha logrado salir de la miseria y tiene a la vista los satisfactores de la sociedad de consumo, pero no alcanza a hacerse de ellos porque carece de un empleo que le permita ahorrar o acceder al crédito es la más propensa de recurrir al delito y a la violencia.
A los salarios bajos de ese grupo social se agrega un entorno de urbanización que degrada la calidad de vida comunitaria –cuatro horas de traslado al día en un transporte público precario para ir al trabajo, donde se ganan cuatro mil pesos al mes– y destruye las redes de protección como la familia.
No parece ser tanto la pobreza extrema como la falta de oportunidades de quienes han hecho lo que la sociedad les pide para progresar la que está matando la convivencia armónica del país.
La reiterada estrategia que no contempla los hallazgos de estudios como los anteriores parece una incapacidad de entender los orígenes del problema o una obcecación de hacer las cosas de un mismo modo esperando resultados distintos.