Con simulaciones, la firma minera sigue proceso para explotar tres ríos en la Sierra Negra
Por Mario Galeana
Con el rechazo de comunidades indígenas pero con apoyo de la Secretaría de Energía, el emporio minero Autlán ha conseguido dar inicio a una consulta en el municipio de Zoquitlán, en la Sierra Negra, para instalar dos hidroeléctricas que explotarán por 30 o más años el agua de los ríos Coyolapa, Huitzilatl y Atzalan.
El proceso consultivo iniciará a cuatro años de que la empresa comenzó trabajos de prospección en la región e, incluso, compró terrenos requeridos para la instalación de los complejos hidroeléctricos.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) aseguró que la consulta entre pueblos originarios debió haber sido realizada antes de la llegada de
Autlán a la región, en 2012.
El domingo pasado Melquiades González Juárez, representante de la Sener, simuló con autoridades municipales de Zoquitlán una asamblea en la inspectoría de Coyolapa, para aprobar la realización de una “consulta previa, libre e informada”, de acuerdo con el acta de la reunión.
En el documento no se indica cuántos pobladores respaldan el inicio de la consulta, aunque sí se encuentra firmado por el delegado de Gobernación en Ajalpan, Alfonso Benítez Cabrera; el inspector de la localidad, Isaías Montalvo Adán; y los regidores Mauricio Bolaños Montalvo y Silvano Téllez Carrillo, a quienes las comunidades han acusado de ser sobornados por la minera.
El acta omite señalar que la supuesta asamblea se llevó a cabo en un domicilio particular y fue suspendida después de que alrededor de 300 pobladores indígenas acudieran al lugar para correr a las autoridades federales y locales.
De hecho, en un video difundido por medios locales se observa a pobladores gritar “¡Fuera, fuera!”, mientras los funcionarios abandonan, temerosos, la vivienda.
Con la asamblea simulada, la Sener y Autlán acudieron ayer a la Secretaría General de Gobierno (SGG) para informar a las autoridades que el propósito de la empresa es “generar energía eléctrica sustentable, proveniente de una fuente renovable y limpia, mediante la construcción y operación de dos subsistemas”.
Con los complejos hidroeléctricos, Autlán busca abastecer de energía una planta siderúrgica que posee en Teziutlán. Previamente, en entrevista con 24 Horas Puebla, el representante legal de la empresa, Rodolfo Avendaño, reconoció que los proyectos no generarán más de 20 empleos para la gente de la región.
En un comunicado, la SGG dijo que el proceso consultivo, en el que “se privilegiará el diálogo intercultural entre las comunidades indígenas y las dependencias gubernamentales”, constará de cinco etapas: “acuerdos previos, informativa, deliberativa, consultiva y seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos”.
Autlán violó proceso: CDI
En marzo de este año, Autlán recibió el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para instalar las hidroeléctricas Coyolapa y Atzalan-Huitzilan, sin que se hubiese consultado a los pobladores de los municipios de Zoquitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz y Coyomeapan, los tres municipios con incidencia en el proyecto.
Esto constituye, a decir del delegado en Puebla de la CDI, Juan José Tapia González, una violación al derecho de la consulta, pues debió haberse realizado en 2012.
“La consulta es fundamental y básica. Es un derecho que las comunidades tienen a estar informadas. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde a la gente se le hace llegar información que tergiversa lo que realmente provocaría la obra en cuestión”, dijo en meses previos.
Por la falta de consulta, el legislador Miguel Alva y Alva solicitó en la Cámara de Diputados retirar los permisos ambientales al emporio.
Sener, con la minera
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, acusó al enviado de la Sener, Melquiades González, de ser impulsor de la llegada de Autlán a la región, pese al rechazo de las comunidades.
“El acuerdo de asamblea que firmaron el domingo pasado sólo fue respaldado por 20 personas. Nosotros llegamos con más de 300 pobladores indígenas a rechazar sus acuerdos”, comentó.
“Es absolutamente claro que la Sener, sin tener facultades plenas para realizar una consulta con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), opera en favor de Minera Autlán”, añadió en entrevista el ombudsman.