Sin lograr la ansiada unidad, los líderes de las secciones 23 y 51 intentan colocar a sus alfiles en la sucesión, mientras que el Comité Ejecutivo Nacional busca evitar la imposición
Por Staff 24 Horas Puebla
En medio de graves pugnas internas, con el fracaso al erigir candidatos de unidad, la determinación del Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Juan Díaz de la Torre, de impedir que lleguen a las dirigencias personajes vinculados con los actuales secretarios generales o de grupos externos al sindicato y hacer una limpia de cuadros que permita una reestructuración gremial, este miércoles arrancan los Congresos Extraordinarios en las secciones 23 y 51 del SNTE para elegir a los nuevos Comités Ejecutivos Seccionales para un periodo de cuatro años.
A la par, los secretarios generales Emilio Salgado Néstor y Jorge Luis Barrera de la Rosa, de las secciones 23 y 51 respectivamente, enfrentan un debilitamiento de sus liderazgos, francas rebeliones al interior y sospechas de un crecimiento vertiginoso de la corrupción.
La ríspida confrontación por las secretarías generales del magisterio representa la oportunidad de que los nuevos líderes controlen las cuotas, la penetración social y presupuestal de unos 100 mil trabajadores de base. Un número explica la magnitud de la nómina del sector educativo: 15 mil 898 millones 473 mil 199 pesos anuales.
En la lucha final por la dirigencia de la Sección 23 –la más grande del estado con unos 60 mil agremiados– destacan tres profesores: Alejandro Ariza Alonso, secretario de Prestaciones Económicas; y José Luis González Morales, alias El Pillín, secretario de Conflictos en Primarias, quienes son considerados como los candidatos de Salgado.
En el otro lado, desde la oposición, Eliuth Bravo González, actual secretario de Finanzas del sindicato magisteral federal, ha sido el único que ha podido capitalizar el descontento entre los líderes regionales y al interior del Comité Ejecutivo Seccionales. Este grupo reprocha que Salgado Néstor terminó por fracturar al equipo político que lo llevó al poder hacer cuatro años y privilegió sólo a un puñado de profesores.
Pero hay un personaje que se cuela de último minuto como el caballo negro de Salgado por una negociación que habría tenido con el ex dirigente Jorge Rodríguez Méndez. Se trata de Horacio Omar Momox Sánchez, secretario de Conflictos en Secundarias Generales, quien pese a tener un amplio respaldo del sector, no se escapa de las acusaciones por supuestas anomalías en la venta de plazas.
Por si fuera poco, Emilio Salgado enfrenta un proceso penal por un presunto fraude inmobiliario cometido durante su gestión, lo cual derivó en una orden de aprehensión que ha contrarrestado a través de un amparo de la justicia federal.
En el caso de la Sección 51, se vive un proceso inédito: la lucha de ex secretarios generales por el control del magisterio estatal. La división interna radica en la creación de dos frentes en contra del actual dirigente, Jorge Luis Barrera de la Rosa.
Por un lado, los ex secretarios Cirilo Salas Hernández –presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local–, Gustavo Espinosa Vázquez –presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública en el Cabildo de Puebla– y la ex senadora del Partido Acción Nacional Leticia Jasso Valencia pretenden imponer a Dinorah García Hernández, actual secretaria de Créditos y sobre quien pesa una larga lista de denuncias de corrupción por venta de plazas, ascensos sin justificación y privilegiar con claves a sus familiares.
De hecho, hace ocho años Gustavo Espinosa Vázquez, a la postre secretario general de la Sección 51, intentó imponer a Dinorah García lo que propició el rompimiento del congreso seccional, desató una violenta trifulca en la que volaron sillas y objetos decorativos del hotel Holiday Inn Finsa, en donde se llevó a cabo el cónclave.
En otro frente, Guillermo Aréchiga Santamaría, también ex secretario general, ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local y ex secretario de Gobernación municipal de Puebla, apuesta su futuro en el triunfo de Juan Díaz de León Rivera, secretario de Finanzas. Fuentes en el sindicato revelaron que el ex funcionario morenovallista carece de un poder real para imponer al nuevo secretario general.
Por su parte, Jorge Luis Barrera de la Rosa impulsa las aspiraciones de Salvador Torres Castillo, quien es el titular de la cartera de Negociación Salarial, aunque su caballo negro sería Óscar Arvea Rivera, quien no tiene cargo oficial, pero es uno de los principales operadores del actual secretario general.
Entre todos estos intereses aparece Virgilio Rodríguez García, quien desde hace varios años encabeza la Corriente Democrática de la Sección 51. Sin caer en la disidencia radicial o de izquierda, fue uno de los pocos docentes en levantar la voz contra el cacicazgo de Elba Esther Gordillo, lo cual le valió reprimendas y hasta persecuciones.
Hace ocho años, sus seguidores fueron los que impidieron la imposición de Dinorah García Hernández, pero los enviados del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE bloquearon el arribo del profesor a la secretaría general, como una medida de castigo por la rebelión, y en su lugar optaron por Cirilo Salas Hernández, quien prácticamente estaba fuera de la puja pero debido a que no estaba peleado con ningún grupo en competencia, ofrecía la oportunidad de construir unidad.
Pugnas, política y corrupción
Fuentes dignas de crédito revelaron que la sucesión en las secciones 23 y 51 estará determinada por la instrucción enviada por el Comité Ejecutivo Nacional de impedir que candidatos ligados a Emilio Salgado y Jorge Luis Barrera o aquellos que representen los intereses de grupos político ajenos al sindicato lleguen a la dirigencia.
La medida, explicaron, tiene como finalidad lograr el fortalecimiento interno del sindicato con miras a la elección presidencial del 2018. Esa ha sido la tónica en las más recientes renovaciones de dirigencias en Jalisco (Sección 47), Tamaulipas (30), San Luis Potosí (26), Estado de México (36), Veracruz (56), Guanajuato (45), Coahuila (5 y 38) y La Laguna (35).
En Puebla, los dirigentes sindicales quedaron atrapados en un doble juego: en el CEN del SNTE los consideran aliados del morenovallismo, mientras que el grupo local del poder los vinculan con el priismo. Esto último quedó evidenciado en la pasada elección de gobernador, cuando habrían sido convencidos por operadores sindicales vinculados al tricolor para que apoyaran a la priista Blanca Alcalá Ruiz.
A mediados de junio pasado, Mario Alberto Mejía, en su Quinta Columna, escribió: “Salgado y Barrera en realidad se movieron para que ganara Alcalá. No lo lograron porque estos líderes no mueven ni una palmera. Son líderes sin bases magisteriales (…) Una vez que supieron que ganó Gali, Salgado y Barrera enviaron sus parabienes y la consiguiente frase: ‘siempre estuvimos con usted, señor candidato’. Hay otros como ellos que jugaron a engañar. Es una pena: los tienen ubicadísimos”.
Según las fuentes consultadas, otro punto que se pretende evitar es que el morenovallismo meta las manos en ambas sucesiones sindicales. En el caso de la Sección 51 tienen plenamente identificado el vínculo de los ex secretarios Cirilo Salas, Gustavo Espinosa Vázquez, Leticia Jasso Valencia y Guillermo Aréchiga Santamaría. Pero también
desconfían del vínculo que generó Jorge Luis Barrera.
En el caso de la Sección 23, Emilio Salgado es considerado como uno de los alfiles del morenovallismo, de ahí que todos aquellos que están en su alrededor ofrecen sólo la continuidad de esa línea.
La sucesión también está enmarcada en las denuncias por supuestas anomalías, como la venta de plazas al interior del magisterio. El pasado 23 de noviembre, Milenio Diario reveló la existencia de una investigación contra Cándido Carrillo, secretario de Secundarias Generales, Pedro Mauleón, auxiliar sindical, y el profesor Ricardo Amador Tobón por esta situación.
Asimismo, en marzo pasado, un grupo de trabajadores de la educación, adheridos a la Sección 23, denunció por el delito de fraude a Emilio Salgado, José Trinidad Padilla Mora, responsable del Fondo de Ahorro y Crédito, y a la empresa Perímetro Arquitectónico por el incumplimiento en la entrega de viviendas del conjunto Residencial de San Andrés, que estaría ubicado en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, en San Andrés Cholula.
Los afectados ascendían a 80 trabajadores sindicalizados, a quienes quincenalmente les descuentan de sus salarios el pago de la vivienda que no han recibido.