Por Mario Galeana
Dos secretarios destituidos, 16 funcionarios sentenciados y un puñado de voceros de gobierno reemplazados fue el saldo que dejó el maremoto en el que se convirtió el caso Chalchihuapan, cerrado por la CNDH en días pasados.
La muerte accidental de un menor durante un enfrentamiento ocurrido en 2014 entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales obligó al gobernador Moreno Valle a aplicar una reingeniería en su administración, así como despedir y sancionar a funcionarios de primer, segundo y tercer nivel.
Entre los despidos destaca el de Luis Maldonado Venegas, secretario General de Gobierno (SGG) cuando ocurrió el enfrentamiento, y el de Facundo Rosas Rosas, quien renunció un año después, tras verse inmerso en acusaciones sobre complicidades con organizaciones delictivas dedicadas al robo de combustible.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que el gobierno del estado ejerció acción penal contra 16 servidores públicos, “en cuyos casos se emitieron las sentencias correspondientes, mismas que se encuentran firmes”.
En carta aclaratoria enviada a La Jornada de Oriente, el director general de Comunicación del órgano nacional, Jesús Ramírez López, dijo que los acusados formaron parte de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En el caso de los funcionarios adscritos a la PGJ, “ninguna de las personas sancionadas interpuso recurso o juicio legal en contra de las sanciones administrativas que les fueron impuestas, por lo que en las mismas quedaron firmes y a la fecha están ejecutadas”.
Sobre los servidores de la SSP, “a la fecha las sanciones fueron ejecutadas y los procedimientos causaron estado, por lo que no hay procedimiento o juicio, local o federal, pendiente de resolución”.
Caen secretarios estatales
Fue el perredista Luis Maldonado quien tuvo a su cargo el control de la crisis de la administración estatal en que derivó el enfrentamiento en Chalchihuapan el 9 de julio de 2014.
Menos de un año después, en marzo de 2015, el ex líder de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) renunció a su cargo.
El secretario estatal que compartió el desprestigio por la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo fue el entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas.
Por los hechos, organizaciones de derechos humanos exigieron su renuncia, que se concretó en julio de 2015 cundo altos mandos policiacos ligados a él fueron detenidos por el Ejécito por mantener vínculos con bandas de chupaductos.
Voceros no la libraron
El caso provocó la renuncia también del entonces coordinador de Enlace de Medios de Comunicación, el periodista Fernando Crisanto, y del director de Puebla Comunicaciones, Héctor Alcudia Goya.
A Fernando Crisanto se le achacó un mal manejo de medios de lo sucedido en Santa Clara Ocoyucan.