Por: Alejandro Juárez
Fue el mayor obstáculo a lo largo de su gobierno. Por dos años y medio la muerte accidental de un menor durante un enfrentamiento ocurrido entre pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales fue la más grande barrera que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tuvo que librar.
El 9 de julio de 2014 fue, posiblemente, para el hombre que este día abandona Casa Puebla, el día más más complicado en sus seis años de administración.
Por el caso, Moreno Valle tuvo que aplicar una reingeniería en su administración, además de despedir y sancionar a funcionarios de primer, segundo y tercer nivel.
Lo anterior, sin mencionar que de no haber sido porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) validó el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el enfrentamiento, asentadas en el expediente 2GV/2014, el aspirante a candidato por el PAN al gobierno de la República daría a sus opositores un blanco fácil de ataques, porque la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo se convirtió, también, en asidero de políticos izquierdistas, priistas, independientes y hasta panistas.
El lucro político por la tragedia de San Bernardino Chalchihuapan fue seductor para casi todos: desde Roxana Luna Porquillo y los líderes de la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN) hasta el hoy aspirante a candidato a la gubernatura por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Juan Espinosa Torres.
Desde la ex candidata priista Blanca Alcalá Ruiz hasta el ex dirigente panista Rafael Micalco Méndez y la ex aspirante independiente Ana Teresa Aranda Orozco.
Desde el Movimiento Alternativa Social (MAS), identificado con el subsecretario Juan Carlos Lastiri Quirós, hasta el jefe delegacional de Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el morenista Ricardo Monreal Ávila.
MORENO VALLE REVIERTE CASO CHALCHIHUAPAN
La muerte del menor puso al gobernador Moreno Valle en el ojo de la política nacional. El 11 de septiembre de 2014 la CNDH ordenó la reparación del daño a pobladores de Chalchihuapan y emitió 10 recomendaciones más que fueron aceptadas por la administración estatal.
Un mes después, el 17 de octubre de 2014, el consejero jurídico del gobierno del estado, José Montiel Rodríguez, ofreció disculpas públicas a los pobladores de Chalchihuapan agraviados, una de las recomendaciones de la CNDH, pero el órgano nacional no dio por válidas las disculpas y exhortó a un nuevo acercamiento entre autoridades y pobladores.
En 21 de noviembre de 2014 el entonces presidente auxiliar de Chalchihuapan y uno de los principales instigadores de los actos de violencia, Jairo Monte Bautista, fue detenido por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación y tentativa de homicidio.
Pero el gabinete estatal no quedó libre de tropiezos. El 4 de marzo de 2015, Luis Maldonado Venegas renunció a la Secretaría General de Gobierno (SGG) tras afirmar que los pobladores de la junta auxiliar habían utilizado “piedras de gran calibre”.
Sin embargo, para julio de 2015 el gobierno del estado había avanzado de manera significativa en el caso al acatar seis de las 11 recomendaciones de la CNDH.
Ese mismo mes, Facundo Rosas Rosas, quien había dirigido el operativo policiaco en Chalchihuapan, renunció a su puesto como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
DIÓDORO CARRASCO, EL NEGOCIADOR
En enero de 2016, el oaxaqueño Diódoro Carrasco Altamirano fue nombrado titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) tras la caída de Maldonado Venegas.
Con un largo aliento en la administración pública que lo llevó incluso a ser titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, Carrasco Altamirano tuvo la tarea de iniciar una negociación con las víctimas y disminuir el escozor generado por el caso.
Dos meses después de su nombramiento, los primeros acuerdos entre pobladores y gobierno eran un hecho. El 23 de marzo de 2016 el gobierno estatal ofreció disculpas a Elia Tamayo, madre del menor fallecido, y al resto de los pobladores agraviados por el caso.
En julio de ese año, la CNDH avaló las disculpas públicas del gobierno del estado, pero indicó que aún debía indemnizarse a Elia Tamayo.
En noviembre de 2016, el gobierno del estado indemnizó a la madre del menor y, un mes más tarde, el órgano nacional de derechos humanos dio por cerrado el caso.
