Por Mario Galeana
En la víspera de que un juez dicte posiblemente un nuevo auto de formal prisión en contra de José María Sosa Álvarez, homicida confeso de Paulina Camargo Limón, los padres de la joven han recibido amenazas de muerte para frenar su activismo a favor del esclarecimiento del caso.
Rolando Camargo y Rocío Limón denunciaron como presuntos responsables de dichas amenazas al representante legal y al padre de Chema, Gerardo García Pérez y José Luis Sosa Vázquez, respectivamente.
Las amenazas, explicaron la mañana de este martes, detonaron desde el 30 de enero pasado, después de que García Pérez y Sosa Vázquez filtraran a un medio de comunicación el supuesto registro de actividad del celular de Paulina Camargo días después de su desaparición.
Se trata de mensajes intimidatorios enviados desde Facebook donde se exige a los padres de la joven que mantenía un embarazo de 18 semanas hasta el día de su desaparición, el 25 de agosto de 2015, a que cesen la búsqueda de su hija.
“Ese día, después del 30, nos ‘invitan’ desde Facebook a que dejemos de hacer presencia en la Fiscalía General del Estado y que dejemos de buscar el cuerpo de nuestra hija, porque nuestra vida se va a ver comprometida”, dijo Rocío Limón la mañana de ayer, en conferencia de prensa.
Añadió que se prevé que el próximo viernes el juez Tercero de lo Penal dicte auto de formal prisión a José María por los delitos de homicidio y aborto, que se sumará a las medidas cautelares que ya se le han fincado por el cargo de falsedad de declaraciones.
Los padres de la víctima consideraron que el abogado García Pérez y la familia de Sosa Álvarez han realizado una forma ‘legal’ de persecución y revictimización en su contra, a través de la filtración de información falsa respecto al paradero de la joven.
“Hay un acoso por parte de los medios que ellos han pagado para que publiquen cosas. Lo que nosotros les pedimos es que presenten las pruebas de lo que dicen”, dijo la madre.
Además de su confesión, las pruebas que mantienen firme el proceso en contra de Sosa Álvarez son el hallazgo de una mancha hemática en su departamento, ubicado en La Margarita, que coincide con el ADN de la joven de 19 años.
También se enlistan la declaración de un taxista que asegura haber trasladado a ambos hasta aquel departamento y la grabación de una cámara de videovigilancia en una plaza comercial que registra a ambos abordando un taxi.
“No habría ninguna situación legalmente justificada para que él, José María, pudiera quedar liberado”, opinó Limón.